Olivera cumplió 67 años en vísperas de que venza plazo de investigación por caso Odebrecht.
El ex congresista, ex embajador del Perú en España, ex ministro de Justicia y efímero canciller, Luis Fernando Olivera Vega, cumplió el 26 de julio 67 años, bajo un cielo político encapotado por la investigación fiscal del caso Odebrecht, cuyo plazo de investigación fiscal vence en octubre.
El juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el 17 de octubre del 2023 que esa pesquisa se prorrogara por un plazo de 36 meses, lo que vencía el 17 de octubre del 2026.
Pero el 26 de enero del 2024, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional reformó esa decisión y redujo el plazo de la investigación preparatoria a 24 meses, con lo que debe terminar el 17 de octubre del 2025.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez (48) dispuso en septiembre del 2020 citar a 20 investigados, entre ellos a Fernando Olivera, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (86) y el ex ministro de Economía, Fernando Martín Zavala Lombardi (54).

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria negó en su resolución del 6 de marzo de 2024 la pretensión de Olivera de sepultar el proceso con una excepción de improcedencia de acción.
En la resolución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (Expediente N° 0004-2017-95-5001-JR-PE-03), se indica:
‘Luis Fernando Olivera Vega en su condición de Embajador del Perú en España, habría realizado actos ajenos al cargo que desempeñaba como Embajador, al haber viajado del Reino de España al Perú, el 25 de julio de 2005, a pedido de Alejandro Toledo Manrique, ex presidente del Perú con la finalidad de realizar ‘gestiones’ destinadas a levantar las observaciones que la Contraloría General de la República había observado en Oficio N° 1258-2005-CG/VC de fecha 23 de junio de 2005’.

Esta decisión fue confirmada el 13 de agosto del mismo año por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en los siguientes términos:
‘La conducta atribuida al recurrente, calza en el delito que se le atribuye, pues habría contribuido para levantar las observaciones efectuadas por la Contraloría al contrato entre el Estado y la empresa Odebrecht, como consecuencia del pacto que habría realizado el expresidente Alejandro Toledo Manrique con funcionarios de Odebrecht a fin de favorecerlos en los proyectos que se suscribieron con Provías’.
A Olivera se le acusa de haberse coludido con representantes de Odebrecht y con funcionarios públicos para favorecerla en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IIRSA- SUR, tramo 2 y tramo 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado.
Se le responsabiliza de haber realizado gestiones para levantar las observaciones que había hecho la Contraloría General de la República a través del Oficio N° 1258-2005-CG/VC, de fecha 23 de junio del 2005.

La Contraloría observó que el precio por kilómetro de la carretera tenía un sobrecosto del 100% y que algunas de las empresas consorciadas beneficiadas con la buena pro habrían tenido procesos judiciales con el Estado.
El 26 de julio de 2005, el entonces presidente Toledo se reunió con Olivera Vega en Palacio de Gobierno- de acuerdo a información contenida en el libro de visitas- para que destrabara las contrataciones.
El 20 de junio de 2019, Olivera declaró ante el Ministerio Público que Toledo le manifestó que Kuczynsky tenía detenido el proyecto de la Interoceánica, lo que motivó que hablara por teléfono con él.
El 13 de agosto de 2005, ‘El Breve’ reconoció que su intervención había permitido levantar las observaciones de la Contraloría en relación al sobrecosto de la obra.
