Candidato de Juntos por el Perú tiene abierta desde hace 470 días investigación por desbarajustes financieros en Mincetur, durante gestión de Pedro Castillo.
La denuncia constitucional contra el congresista y actual candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino (57), por presunta negociación incompatible y contratación irregular durante su gestión en el Mincetur, en el gobierno de Pedro Castillo (56), permanece estancada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Aun cuando sectores políticos sospechan de un ‘blindaje’ al nuevo candidato del sombrero, la presidenta de ese grupo de trabajo, Lady Camones, ha negado tal posibilidad, atribuyendo la demora a la alta carga procesal de casos antiguos.
La Denuncia tiene que ver con la acusación constitucional que presentó la Fiscalía por la contratación irregular de allegados (12 trabajadores) y pagos irregulares (más de S/ 130,000) durante su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La congresista Camones indicó que el proceso podría tomar de tres a cuatro meses si es admitido. Señaló que se atenderán las denuncias conforme a la carga de trabajo, aunque el caso reabrió el debate sobre su inhabilitación.
Héctor Ventura (Fuerza Popular) y otros sectores han manifestado sospechas de que se está protegiendo al candidato para que no sea inhabilitado antes de las elecciones.
La denuncia ha permanecido sin mayores avances por más de 470 días. OFF THE RECORD pudo conocer que, debido a los plazos parlamentarios, el caso podría ser evaluado recién por el próximo Congreso.
En anteriores oportunidades, Roberto Sánchez recibió votos en contra de su suspensión, lo que ha generado críticas sobre una cantada protección política.
La denuncia sigue congelada en la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en plena coyuntura electoral del 2026, lo que genera cuestionamientos sobre la celeridad en casos de presunta corrupción de altos funcionarios.
Han trascurrido 470 días desde que la Fiscalía presentó la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en la contratación irregular de allegados (12 trabajadores) y pagos irregulares (más de S/ 130,000) durante su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
