Cuando faltan propuestas, sobran culpables. Pero antes de colgar ‘sambenitos’ ajenos, conviene revisar el propio techo de vidrio.
En el reciente debate técnico de segunda vuelta, los representantes de Juntos por el Perú parecían menos interesados en explicar cómo gobernar el Perú que en repetir una letanía cuidadosamente aprendida. ‘Leyes pro-crimen’, ‘captura del Estado’, ‘pacto mafioso’, entre otras. Una secuencia de etiquetas lanzadas con la esperanza de que la repetición sustituya la prueba.
El problema de las narrativas políticas es que suelen derrumbarse cuando se las enfrenta con el derecho, la cronología y los hechos.
Sí, Fuerza Popular votó a favor de algunas normas hoy cuestionadas. Negarlo sería absurdo. Pero también lo hicieron congresistas de Perú Libre, APP, Podemos y otras bancadas. Hubo una mayoría multipartidaria. Y varias de esas leyes no nacieron necesariamente de un deseo de favorecer criminales, sino de corregir excesos reales del sistema penal peruano.
La Ley 31751 sobre prescripción penal, por ejemplo, respondió al problema de investigaciones eternas sin sentencia. El Tribunal Constitucional validó su constitucionalidad bajo el principio del plazo razonable. Otra cosa es discutir si el Congreso calibró bien sus efectos. Lo mismo ocurrió con la Ley 31990 sobre colaboración eficaz y con la Ley 32130 respecto del rol de la Policía y la Fiscalía. Había abusos, vacíos y tensiones institucionales que requerían regulación.
Reducir todo eso a ‘leyes pro-crimen’ es propaganda interesada, no análisis.
Y aquí aparece una ironía que la campaña de Sánchez prefiere no subrayar. El propio Roberto Sánchez votó a favor de la Ley 31989, vinculada al tratamiento penal de actividades relacionadas con minería ilegal y cuestionada dentro del mismo paquete de normas que hoy sus voceros llaman ‘pro-crimen’. No se trata de absolver a unos acusando a otros, sino de exigir coherencia mínima. Porque colgar ‘sambenitos’ con el techo de vidrio no es fiscalización democrática. Es cinismo puro, puesto en escena. Es una forma bastante peculiar de ejercer superioridad moral.
Curiosamente, quienes hoy denuncian ‘sambenitos’ son especialistas en colgarlos. Roberto Sánchez llegó incluso a decir que a Antauro Humala se le había impuesto uno. Pero mientras reclama comprensión para el líder etnocacerista condenado por homicidio, construye caricaturas para sus adversarios políticos.
La misma lógica se repitió con la compra de los F-18. Durante días intentaron instalar que Fernando Rospigliosi había sido el gran operador político de la adquisición. Bastaba revisar la cronología pública de las negociaciones para advertir que el proceso venía trabajándose desde mucho antes y que la concreción correspondió a otro momento del Ejecutivo. Pero la precisión importa poco cuando el objetivo es fabricar narrativas falaces y culpables convenientes.
Con Pronabec ocurrió algo parecido. Se quiso responsabilizar al fujimorismo por la supuesta falta de recursos para becas de posgrado, cuando la asignación presupuestal y la ejecución corresponden fundamentalmente al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía. El Congreso aprueba marcos generales, pero no decide discrecionalmente qué estudiante recibe o pierde una beca.
Ese es el problema de cierta izquierda peruana. Ha reemplazado la discusión programática por la política del etiquetado moral. Todo adversario es ‘mafioso’, ‘golpista’ o ‘pro-crimen’. Todo matiz es sospechoso. Todo dato incómodo debe simplificarse hasta volverlo consigna.
Y mientras el país espera propuestas sobre inseguridad, crecimiento, educación, salud, empleo y gobernabilidad, algunos siguen repartiendo estampitas para exorcizar enemigos imaginarios.
