Sánchez no mostró pruebas, mostró presión. Cuando la norma cierra el camino, el chantaje no puede abrirlo a patadas.
Roberto Sánchez volvió a pararse frente a las cámaras con el libreto del agravio, pero sin el expediente de la prueba. Habló de justicia electoral, voto popular, transparencia, seguridad jurídica, proceso ejemplar y hasta de un ‘mapa verde’ que, más que evidencia, sonó a escenografía política para vestir una derrota que todavía no terminan de digerir.
El problema no es que Juntos por el Perú reclame. Reclamar es parte del juego democrático. El problema es convertir el reclamo en amenaza, la sospecha en método y la conferencia de prensa en antesala de una presión callejera. Sánchez habla de fraude sin pronunciar la palabra, denuncia manipulación sin exhibir el hecho, invoca al pueblo sin hacerse cargo de lo que sus palabras pueden encender.
La nueva bandera es la llamada cadena de custodia de los votos del exterior. Argentina primero, Estados Unidos de pasadita. Maletas, bultos, encomiendas, retrasos, actas no digitalizadas. Todo dicho con gravedad de denuncia explosiva, pero sin una prueba concreta capaz de sostener una nulidad. Y aquí aparece la contradicción que desnuda la maniobra. En la primera vuelta, cuando el repliegue de material electoral se hizo en taxis de la calle, sin la custodia que todos vimos ausente, JP no descubrió ninguna tragedia institucional. Entonces el sistema servía. Entonces las reglas alcanzaban. Entonces el desorden no era escándalo porque el resultado los beneficiaba.
La ley, sin embargo, no funciona por conveniencia emocional. El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones no abre la puerta a sospechas genéricas, sino a hechos concretos. Fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia solo cuentan si sirvieron para inclinar la votación a favor de una candidatura y si se prueban conforme a ley. No basta con decir fraude desde Lima ni con convertir maletas y bultos en prueba electoral. Hay que acreditar hechos, mesa por mesa, dentro del plazo legal, ante el Jurado Electoral Especial competente y con la tasa pagada. Y si los plazos y tasas fueron incumplidos, no corresponde inventar una excepción a medida del candidato que va perdiendo. La ley se cumple o se cumple.
Más grave aún es el tono. La protesta es legítima mientras sea pacífica, pero deja de serlo cuando se convierte en instrumento de intimidación al árbitro electoral. Decir que ‘el pueblo se autoconvoca’ no exonera a quienes calientan la calle desde el micrófono. Si mañana hay violencia, daños, bloqueos o agresiones, no podrán esconder la mano detrás de una frase. El Código Penal no castiga la discrepancia, pero sí contempla figuras como disturbios, grave perturbación de la tranquilidad pública o violencia contra la autoridad cuando la protesta cruza hacia la intimidación, el daño o el intento de trabar funciones legítimas.
El Ministerio Público tampoco puede mirar al costado frente a discursos que coquetean con la violencia. El gobierno de Balcázar no está para esperar muertos ni incendios. Está para prevenirlos. Y quienes agitan la calle mientras simulan lavarse las manos deberían saber que la responsabilidad política no desaparece porque alguien pronuncie la palabra ‘autoconvocado’.
El JNE debe resolver conforme a derecho, sin miedo y sin cálculo. La democracia no puede quedar secuestrada por malos perdedores que manipulan la palabra pueblo para disfrazar su fracaso. Si hubo fraude, que lo prueben. Si no pueden probarlo, que dejen de incendiar el país para no admitir una derrota. Nadie está por encima de la Constitución, y menos quienes quieren patear el tablero porque las urnas no les obedecieron.
