El expediente avanza mientras el tiempo se agota. En las últimas horas del poder, cada decisión pesa más que nunca.
Los expedientes suelen avanzar al ritmo de la ley.
Este parece avanzar al ritmo del calendario.
El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, confirmó que la Comisión de Gracias Presidenciales deberá sesionar de manera extraordinaria para pronunciarse sobre la última solicitud presentada por Pedro Castillo. El trámite continúa. La Comisión ha requerido información al Poder Judicial sobre los procesos que afronta el expresidente y el expediente sigue su curso administrativo. Todo ello ocurre cuando el país ingresa a un largo periodo de feriados y cuando el gobierno transita sus últimos cuatro días.
Llamó la atención, además, que el presidente encargado, José María Balcázar, cancelara hoy, a última hora, su participación en la ceremonia oficial por el Día de la Fuerza Aérea. No ofreció una explicación pública. En circunstancias ordinarias habría sido un hecho menor. En medio de una transición tan sensible, toda ausencia termina alimentando interrogantes.
Cada uno de estos acontecimientos admite una explicación propia.
Lo inquietante aparece cuando comienzan a leerse como parte de una misma secuencia.
El calendario nunca es neutral cuando el poder está por terminar. Mucho menos cuando sobre la mesa se encuentra un pedido que ha puesto en alerta al país durante las últimas semanas.
La Comisión de Gracias Presidenciales tiene el deber de evaluar el expediente con criterios estrictamente jurídicos. Esa es su función. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse por qué la cuenta regresiva parece haberse convertido en un factor tan determinante. ¿Se trata de una simple coincidencia administrativa o de la consecuencia natural de un gobierno que llega a su último tramo con una decisión políticamente explosiva todavía pendiente?
Las preguntas aumentan cuando el contexto se amplía.
Fernando Rospigliosi sostuvo que José María Balcázar debe dejar el encargo presidencial con la instalación del nuevo Congreso. Balcázar respondió que permanecerá hasta la juramentación de la presidenta electa. Esa diferencia- aunque hubo una aclaración- ya no constituye un debate protocolar. Es una controversia constitucional sobre el alcance de las facultades de un presidente encargado en las horas finales de un gobierno.
Y precisamente en esas horas podría conocerse la opinión de la Comisión.
¿Qué ocurriría si una recomendación favorable coincidiera con una interpretación amplia sobre la permanencia de Balcázar en el cargo? ¿Qué legitimidad política tendría una decisión de semejante trascendencia cuando el país ya cuenta con un nuevo Congreso y está a horas del cambio de mando? ¿No quedaría inevitablemente instalada la sospecha de que el tiempo fue administrado para hacer posible lo que antes parecía inviable?
Hay, además, un dato que no debería perderse de vista.
Una eventual gracia presidencial no implica, por sí sola, la libertad de Pedro Castillo. La prisión preventiva vigente, recientemente ampliada por la Corte Suprema en el proceso por presunta organización criminal, constituye un obstáculo jurídico adicional. El costo institucional de una decisión apresurada podría ser enorme sin garantizar siquiera el resultado político que algunos esperan.
En medio de ese escenario, el ministro de Justicia ocupa una posición decisiva. Su refrendo no es una formalidad. Es una responsabilidad constitucional. Y la Comisión de Gracias Presidenciales tampoco está llamada a construir fórmulas de conveniencia política, sino a emitir una opinión fundada en los requisitos que establece el ordenamiento jurídico.
Toda transición pone a prueba la madurez de las instituciones.
Pero hay transiciones que también ponen a prueba el carácter de quienes ejercen el poder cuando saben que les queda muy poco tiempo.
Si José María Balcázar hubiera asumido algún compromiso político para favorecer la libertad de Pedro Castillo, probablemente eligió el momento de mayor escrutinio para intentarlo. Una decisión adoptada en las últimas horas de un gobierno transitorio inevitablemente sería examinada con un rigor mucho mayor. No solo por sus efectos políticos, sino también por las eventuales responsabilidades jurídicas que podrían derivarse de ella.
En pocos días, o quizás en pocas horas, el país tendrá la respuesta.
Ese es el verdadero tic tac.
No el de un expediente que avanza.
Porque, al final, los relojes no anuncian únicamente el fin de un gobierno. También marcan el instante en que una República demuestra si sus instituciones todavía son capaces de obedecer a la Constitución cuando al poder se le acaba el tiempo.
