No ganó la política. Ganó el límite que la Constitución impone incluso cuando la presión arrecia.
Durante días se intentó instalar la idea de que el final de un gobierno podía convertirse en la última oportunidad para cambiar el destino judicial de Pedro Castillo. Hubo presiones, interpretaciones constitucionales, informes internacionales y una intensa operación política para presentar un eventual indulto o derecho de gracia como un acto de reconciliación.
No ocurrió.
La Comisión de Gracias Presidenciales cerró el expediente. El Ministerio de Justicia confirmó que no existe indulto ni derecho de gracia para el expresidente. El tema, al menos por esta vía, terminó.
Y eso importa mucho más de lo que parece.
Porque la discusión nunca debió centrarse en Pedro Castillo. El verdadero examen era otro: comprobar si las instituciones serían capaces de resistir cuando la presión política alcanzara su punto más alto.
Lo fueron.
En un Estado de derecho, las facultades excepcionales no existen para corregir el rumbo de los procesos judiciales ni para satisfacer expectativas políticas. Existen bajo reglas estrictas y dentro de límites igualmente estrictos. Cuando esos límites se respetan, no gana un gobierno ni pierde una oposición. Gana la institucionalidad.
Durante semanas se quiso convencer al país de que una decisión extraordinaria podía convertirse en la salida a un problema político. Esa lógica siempre resulta peligrosa. Cuando las excepciones se transforman en herramienta de conveniencia, el Estado de derecho deja de ser una garantía para convertirse en una negociación.
Esta vez ocurrió lo contrario.
Se cerró un expediente, pero también una etapa de incertidumbre institucional.
Pedro Castillo seguirá enfrentando los procesos que la justicia ha dispuesto. Como cualquier ciudadano.
Ese nunca debió ser el debate.
La verdadera noticia es otra.
Cuando las instituciones resisten la presión, la Constitución deja de ser un texto para convertirse, otra vez, en un límite al poder.
