Al gobierno de Castillo sí le concedieron facultades. Hoy, con el crimen desbordado y El Niño encima, sus herederos quieren negárselas a quien los derrotó.
Pedro Castillo tardó 91 días en pedir facultades legislativas. Quizá necesitaba preparar el paquete. O quizá estuvo demasiado ocupado organizando desde Sarratea aquel poder paralelo que recibía visitas sin registro, negociaba influencias y aprendía a esconderse antes que a gobernar.
Lo comprobable viene después.
El Congreso evaluó su solicitud durante 51 días. Recortó el plazo, eliminó sus excesos tributarios y desactivó su reforma minera, pero finalmente le concedió facultades. Castillo pudo legislar mediante decretos durante 90 días.
Que no supiera gobernar no significa que no lo dejaran hacerlo.
Ese dato destruye una de las ficciones favoritas de la izquierda. Castillo tuvo gabinete, presupuesto, facultades y respaldo parlamentario. También tuvo ministros fugaces, sobrinos prófugos, Sarratea y una vocación inocultable por el abismo. Confundir incapacidad con persecución es la última coartada del portador del sombrero, que todavía pretende presentarse como un preso político.
Cinco años después, sus herederos utilizan otra vara.
El actual Ejecutivo presentó 66 pedidos de facultades el 28 de agosto. Todavía no han transcurrido los 51 días que esperó Castillo, pero la diferencia política ya es evidente. Según el diputado Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú (JP), seis comisiones emitieron opiniones desfavorables en apenas dos semanas. Él mismo declaró que habría devuelto todo el paquete en 48 horas.
A Castillo le dieron 51 días y facultades. A Fujimori pretenden darle 48 horas y una lápida.
No es demora todavía. Es sentencia anticipada.
El paquete contiene materias no urgentes, imprecisiones y asuntos que merecen debate ordinario. Que los retiren. Que lo despedacen si es necesario. Pero que aprueben inmediatamente las herramientas contra la extorsión, el sicariato, el control criminal de los penales y la emergencia climática que se forma frente a nuestras costas.
En 45 días, desde el 28 de julio, se registraron 248 homicidios. En 181 se utilizaron armas de fuego. Simultáneamente, los pronósticos advierten más del 90 % de probabilidad de un Niño Global muy fuerte y un 75 % de posibilidades de que alcance una intensidad histórica. No viene solamente lluvia. Viene un golpe contra carreteras, cultivos, viviendas, empleo, precios y crecimiento.
El crimen ya llegó. El Niño viene en camino. Y JP ha decidido que su emergencia no es salvar al país, sino paralizar al Gobierno.
Existe además una incómoda sombra dorada. La minería informal aurífera movió cerca de US$11.000 millones en exportaciones durante 2025. No todo informal es ilegal, pero el REINFO también sirve de refugio a organizaciones que explotan oro, territorios y personas. Ese poder económico se convirtió en un codiciado bloque electoral. Roberto Sánchez cortejó a esos gremios y ofreció extender el registro. Su campaña llegó hasta Chala acompañada por José Domingo Pérez, abogado de Castillo y pregonero de su liberación.
¿Buscan que Fujimori fracase? ¿Esperan que el crimen y El Niño incendien la calle? ¿Protegen una bandera ideológica o también compromisos adquiridos durante la campaña? ¿Acumulan capacidad de bloqueo para negociar la salida del huésped de Barbadillo?
Son hipótesis. Los hechos, sin embargo, ya dibujan el patrón.
Roberto Sánchez esperó los resultados electorales en Barbadillo. Hoy asesora a su bancada desde el Congreso y ejecuta la amenaza que lanzó después de su derrota: convertirse en la peor pesadilla del Gobierno. No estaba improvisando. Del castillismo no heredó solamente el sombrero. También heredó el método.
Pero esta vez la izquierda radical no podrá esconderse detrás del fracaso ajeno. El Gobierno deberá responder por lo que haga mal. JP, por aquello que le impida hacer.
Cuando el crimen ya sitió al país y El Niño se aproxima, cada facultad negada tiene consecuencias y cada día perdido lleva una firma.
Sánchez se equivocó en algo. La pesadilla no la sufrirá solamente el Gobierno, sino un país al que pretenden dejar sin defensa.
El sombrero dispara desde Barbadillo. Sus herederos recargan en el Congreso.
