Cuando la violencia pretende convertirse en patriotismo y el chantaje en consenso, la democracia deja de debatir ideas y empieza a defender su supervivencia.
En una reunión de dirigentes radicales del sur, cuyo contenido se hizo público, no se discutió cómo derrotar políticamente a Keiko Fujimori. Se habló de ‘eliminarla’, contratar sicarios y aceptar siglos de cárcel como precio por ‘limpiar’ el país. La Policía investiga una presunta planificación y busca determinar contactos, capacidades y niveles de coordinación. Corresponde autenticar los audios y establecer responsabilidades individuales, pero la amenaza expresada es inequívoca.
Cuando el odio empieza a conjugar el verbo matar, la democracia ya no discute. Se pone a cubierto.
No fue una frase desafortunada lanzada en una plaza. Fue una conversación entre activistas de varias regiones, donde el asesinato político apareció disfrazado de patriotismo y el sicariato convertido en método. Si mañana un fanático ejecuta el libreto, nadie podrá esconderse detrás de la retórica.
Mientras unos fantasean con eliminar a la presidenta, otros intentan inmovilizarla desde el Congreso. La Comisión de Constitución aprobó delegar facultades por 90 días solamente en seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño. El acuerdo comprende cinco puntos sobre seguridad y quince sobre la emergencia climática. Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, exige ahora que ambas cámaras respeten íntegramente el texto.
No ofrecen un acuerdo. Exigen obediencia con apariencia de consenso.
Resulta enternecedor descubrir la repentina devoción institucional de quienes acompañaron el experimento de Pedro Castillo. Durante el último lustro colonizaron dependencias públicas, relativizaron la idoneidad, degradaron la administración y luego fingieron que solo pasaban por allí. Castillo culminó el proceso intentando cerrar el Congreso, pero ahora sus herederos políticos hablan como notarios de la democracia.
También ayudaron a prolongar el paraguas del REINFO, convertido por sucesivas prórrogas en refugio para operaciones que nunca se formalizan y en puerta de entrada para el oro ilegal. Castillo promulgó en 2021 su ampliación hasta 2024 pese a la oposición del Ministerio del Ambiente. El mecanismo volvió a extenderse mientras la minería ilegal crecía, contaminaba territorios y fortalecía economías criminales.
La izquierda que durante cinco años dejó al Estado sin defensas ahora exige garantías para impedir que alguien repare los daños.
El Ejecutivo pidió facultades sobre 66 puntos en ocho materias. El Parlamento las redujo a dos urgencias. Fiscalizar cada decreto es indispensable. Pretender que el texto resulte intocable es otra cosa. Es convertir una atribución constitucional en permiso vigilado y al Gobierno en rehén con plazo de vencimiento.
Las dos noticias revelan una misma pulsión. Afuera, radicales que sueñan con borrar físicamente a la presidenta. Adentro, operadores que procuran reducirla políticamente a la impotencia. Y todavía tienen el descaro de pontificar sobre la paciencia democrática.
Quieren un Gobierno maniatado y una presidenta convertida en blanco. Después llamarán democracia al cerco, patriotismo a la amenaza e institucionalidad al sabotaje.
El Perú conoce ese libreto. Primero deshumanizan al adversario. Después justifican su eliminación. Finalmente se desmarcan de los escombros que dejaron y preguntan, con impostada inocencia, quién gobernó.
