Burneo dejó votar sin despejar las dudas. Ahora disfraza su negligencia de rigor y pretende dar lecciones de autoridad.

Roberto Burneo ha estrenado una peculiar modalidad de justicia electoral. Primero deja que la incertidumbre haga campaña. Después permite que llegue a las urnas. Finalmente aparece, investido de autoridad, para explicar lo que debió resolver antes. El ciudadano vota primero y entiende después. El tremendo juez atiende cuando el daño ya está hecho.
El JNE anunció que los primeros regidores que ejercieron la alcaldía durante el periodo inmediato anterior no podrán recibir credenciales de alcaldes ni asumir por sucesión. La aplicación específica a Rafael López Aliaga sigue pendiente de la proclamación correspondiente. El criterio general llega después de las elecciones. La controversia venía de mucho antes.
Ese es el escándalo. La Constitución no apareció debajo de una mesa al terminar el escrutinio. Burneo conocía el problema. En septiembre anunció que el pleno debatiría la entrega de credenciales a exalcaldes que postulaban como primeros regidores. A pocos días de votar, la definición seguía pendiente. Tenía la advertencia sobre el escritorio. Le faltó conducción para darle respuesta.
Nadie exige que los votos deroguen impedimentos constitucionales. Postular como regidor tampoco garantiza el derecho a convertirse en alcalde. Precisamente por eso resultaba indispensable aclarar qué podía y qué no podía ocurrir. Resolver esa incertidumbre era trabajo del árbitro. Dejarla circular hasta después de la elección fue una irresponsabilidad.
Los electores merecían conocer las consecuencias de su decisión. Los competidores, también. En cambio, llegaron a votar con una pregunta fundamental todavía abierta. Ahora deberán escuchar explicaciones jurídicas de la misma institución que no les proporcionó una respuesta oportuna. Extraordinaria pedagogía democrática. Cuando el árbitro administra la duda, la desconfianza gana sin presentarse a elecciones.
La audacia consiste en presentarse como garante del orden después de haber dejado crecer el desconcierto. Burneo reclama para el desenlace una autoridad que no supo ejercer durante el proceso. Su firmeza tiene una puntualidad admirable. Llegó cuando ya no podía evitar el problema.
Y que nadie venga con el refugio del colegiado. Por supuesto que el pleno decide. Pero alguien preside, conduce y responde por la institución. Si Burneo necesita repartir entre todos la responsabilidad de cada omisión, cabe preguntarse para qué ocupa la presidencia. La responsabilidad no se vuelve de nadie porque la decisión sea de todos.
El perjuicio excede a López Aliaga. Una autoridad electoral que posterga definiciones esenciales alimenta sospechas, facilita discursos de agravio y debilita la aceptación de sus propias decisiones. Después exige confianza. Como si la credibilidad se expidiera junto con las credenciales.
Burneo podrá tener argumentos para defender el criterio adoptado. Ninguno convierte su demora en una buena gestión. El rigor tardío no absuelve la negligencia previa. La exhibe.
En la comedia de Tres Patines, el disparate terminaba en carcajadas. Aquí deja ciudadanos desconcertados y una institución cuestionada. Tremendo juez. La toga impone respeto al cargo. No le fabrica competencia a quien lo ocupa.

