Su defensa anunció ante juez Chávez Tamariz que no insistirá en devolución de disco duro con imágenes incautadas.
La defensa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (87) anunció el miércoles 1 de abril que se desistía del pedido para que se le devolviera material incautado por la Fiscalía en un disco duro con documentos y fotografías de su esposa, la ciudadana norteamericana Nancy Ann Lange (72).
El desistimiento fue planteado por el abogado Renzo Roger Ruíz ante el titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, dentro del proceso por lavado de activos que se sigue a PPK y a su ex socio, el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda, dentro del proceso por el caso Westfield Capital.
En una audiencia llevada a cabo en esa fecha, el magistrado dijo: ‘La petición ha sido formulada por el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, (quien) solicita se ordene la devolución de objetos incautados o alternativamente se les permita la copia de información obrante en el disco duro referente a imágenes de fotografías de la familia Kuczynski-Lange’.
Inmediatamente después, el abogado de Kuczynski dijo que se desistían del pedido, con lo que el magistrado Chávez Tamariz leyó la resolución de desistimiento y el pedido fue archivado.
En la última semana de marzo del 2018, la Fiscalía, con apoyo de la Policía, allanó las propiedades que Pedro Pablo Kuczynski tenía en los distritos de San Isidro y Cieneguilla, en donde se incautó el material audiovisual mencionado.
La diligencia en la residencia de la calle Choquehuanca en San Isidro fue dirigida por el fiscal Marcial Páucar, mientras que a cargo en la casa de campo en la sección 2-B zona 9 de Cieneguilla se encargó el fiscal Luis Ballón.
Este caso involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, en un proceso que incluye 2,577 medios probatorios.
El juez Jorge Chávez dispuso el 1 de septiembre del 2025 el enjuiciamiento del ex jefe de Estado y su entonces socio chileno, en un proceso en el que la Fiscalía pide una pena de 35 años por lado, así como una reparación civil de 46.7 millones de dólares.
