La prohibición de publicar encuestas en la última semana no protege al elector. Lo deja a oscuras, congela una foto precaria y abre un terreno fértil para operaciones, sospechas y manipulación.
Las últimas encuestas permitidas y publicadas el domingo no entregan una verdad. Entregan un rompecabezas. Unas ponen a Keiko Fujimori al frente. Otras muestran a Rafael López Aliaga disputando arriba. Otras lo mueven del segundo al tercer lugar y lo acercan peligrosamente a la cuneta electoral. La foto no solo cambia, también se contradice. Y, sin embargo, esa imagen borrosa es la última que la ciudadanía puede ver legalmente antes de votar, porque el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la publicación o difusión de encuestas solo puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de los comicios, criterio que el propio JNE ha reiterado en el artículo 26 de la Resolución N.° 0107-2025-JNE, que regula las encuestas durante los procesos electorales. 
Ahí está el corazón del problema. En el momento más delicado de una campaña, cuando miles de electores terminan de decidir su voto y cuando unos pocos puntos pueden alterar por completo quién pasa a segunda vuelta, el sistema peruano opta por apagar la luz. No entrega más información. La congela. Y al congelarla, convierte una fotografía parcial, discutible y metodológicamente desigual en la última referencia pública disponible.
Eso no elimina la influencia de las encuestas. La desplaza. La empuja a la penumbra. Mientras el ciudadano común deja de acceder a información abierta, siguen circulando sondeos privados, trascendidos, lecturas interesadas, filtraciones selectivas y operaciones políticas disfrazadas de comentario. La prohibición no limpia el terreno. Lo ensucia. No reduce la suspicacia. La institucionaliza.
El argumento formal dice que así se protege la reflexión del votante. Pero el efecto real puede ser exactamente el contrario. Si una encuesta deja instalado que un candidato ‘cae’, que otro ‘sube’ o que alguien ‘ya no tiene opción’, esa impresión queda petrificada durante toda la última semana, sin posibilidad de contraste público. Y en una elección fragmentada, con un voto disperso entre decenas de postulantes y con un importante universo de indecisos, blancos, nulos y viciados, esa petrificación puede empujar al elector a un voto supuestamente útil, defensivo o resignado.
Más grave todavía cuando existen razones para desconfiar de la neutralidad del ecosistema. En política, los medios tienen intereses. Las encuestadoras también tienen clientes, vínculos, afinidades o antipatías. Negarlo sería ingenuo. Por eso el problema no es solo técnico. Es político. Si un candidato mantiene una relación tirante con buena parte de los medios o cuestiona abiertamente el sistema de publicidad estatal, la sospecha de que ciertos retratos podrían servir también para condicionarlo no aparece por paranoia, sino por contexto.
Otros países discuten cómo regular encuestas. No todos optan por apagar la información en la recta final. La discusión seria apunta más bien a transparencia, control, ficha técnica y máxima publicidad, no a oscuridad obligatoria.
Por eso este veto merece una revisión de fondo. Una democracia seria no debería obligar al elector a votar con una semana de desinformación legalizada. Porque cuando la información pública calla no triunfa la reflexión. Triunfan el rumor, la operación y la manipulación.
