Keiko ganó bajo las mismas reglas que antes validaron a otros. La legitimidad democrática no puede depender del candidato que le gusta al ‘anti’.
La elección terminó y, como era previsible, empezó el segundo conteo. No el de la ONPE, sino el de los opinólogos que miden legitimidades según sus simpatías. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó por poco más de 41 mil votos. En 2021, Pedro Castillo ganó por algo más de 44 mil. En 2026, Keiko Fujimori gana por casi 50 mil. Curioso. El margen más amplio de las tres últimas segundas vueltas es presentado hoy como si fuera una concesión precaria, una victoria bajo tutela o un mandato con permiso condicional.
La democracia peruana tiene estas ironías. Cuando gana quien se acomoda al ecosistema antifujimorista, basta un voto. Cuando gana Keiko, aparecen los notarios morales de la República a exigir gabinete de ancha base, ministros prestados, cuotas territoriales, guiños al sur, reverencias al ‘anti’ y penitencia política antes de jurar. La legitimidad, de pronto, ya no nace de la urna, sino del visto bueno de quienes perdieron.
Se repite que Fujimori obtuvo sólo 17% en primera vuelta. Es cierto. Pero Castillo llegó al poder con 19% inicial y esa cifra no impidió que se invocara respeto irrestricto al mandato popular. Entonces, la primera vuelta era expresión de fragmentación. Hoy, convenientemente, se interpreta como rechazo mayoritario. Entonces, la segunda vuelta consagraba. Hoy, apenas tolera. No es análisis político. Es doble vara envuelta en discurso seudomoral.
También se dice que el país está partido. Descubrimiento tardío. El Perú lleva años partido por geografía, pobreza, centralismo, resentimientos acumulados y discursos que convirtieron la política en trinchera. Pero una cosa es reconocer esa fractura y otra muy distinta usarla como excusa para imponer al gobierno electo una agenda que no ganó. Gobernar para todos no significa gobernar con todos los derrotados ni repartir ministerios como peaje de aceptación.
Keiko Fujimori tiene el deber político de tender puentes, escuchar regiones, incorporar capacidades y evitar cualquier lógica de revancha. Eso es gobernabilidad. Pero no tiene la obligación de abdicar de su mandato ni de entregar el timón a quienes compitieron contra su propuesta. Puede convocar talento externo si suma, si comparte objetivos y si entiende el rumbo. Lo que no corresponde es armar un gabinete para tranquilizar tertulias, operadores disfrazados de prensa independiente, ONG con agenda propia o sectores que jamás reconocerán legitimidad alguna al fujimorismo, aunque gane por uno, por cincuenta mil o por un millón de votos.
El país no votó solo entre izquierda y derecha. Votó entre modelos. Entre el salto al vacío estatista y la corrección de un modelo imperfecto, pero resistente. Un modelo que, con todas sus deudas sociales, ha permitido que el Perú sobreviva a una década de demolición política, nueve presidentes, crisis institucional permanente y una incertidumbre que habría quebrado a economías menos sólidas de la región.
El mérito de Keiko no está únicamente en su perseverancia después de cuatro elecciones. Está también en haber sostenido una organización política real, con estructura, presencia territorial y base popular, en un país donde la mayoría de partidos son vientres de alquiler, membretes electorales o franquicias personales. Eso no la exime de errores ni le concede cheque en blanco. Pero sí le otorga algo elemental que sus adversarios hoy pretenden relativizar: el derecho legítimo a gobernar.
Ahora le toca conducir con firmeza, prudencia y resultados. Y a los demás, aceptar que la democracia no puede valer únicamente cuando gana el candidato correcto. La urna habló. Esta vez, les toca apechugar.
