Para negar elecciones complementarias, el JNE juraba que los plazos eran intocables. Pero cuando su propia gestión incumplió la fecha prometida, la ley se volvió flexible.
La crisis electoral peruana ya no se explica únicamente por actas observadas, impugnaciones o sospechas de irregularidades. El problema de fondo es otro y resulta todavía más peligroso. La creciente percepción de que las reglas cambian dependiendo de quién las necesite. Y Roberto Burneo acaba de alimentar esa sensación con una torpeza política monumental.
Durante días, el presidente del JNE y todo el aparato electoral repitieron la misma idea hasta convertirla en mantra. Los plazos eran perentorios. El cronograma debía respetarse. La ley no permitía alterar etapas ni abrir escenarios extraordinarios. Bajo ese argumento se cerró la puerta a quienes exigían elecciones complementarias, auditorías internacionales o revisiones más amplias frente a un proceso cuestionado por una parte importante del país.
La respuesta siempre fue la misma. No se puede. La ley no lo permite. El calendario manda.
Pero bastó que el propio JNE no llegara a tiempo para que el discurso cambiara de inmediato.
El 15 de mayo fue instalado públicamente como la fecha en que el país conocería oficialmente a los dos candidatos que disputarían la segunda vuelta presidencial. Esa fecha se defendió políticamente como referencia definitiva. Sin embargo, el 14 de mayo, Burneo apareció en conferencia para anunciar que la proclamación recién será el domingo 17 porque aún quedan actas observadas y expedientes pendientes de resolución.
Y entonces ocurrió el milagro burocrático. Los plazos dejaron de ser sagrados.
Ahora sí existe margen interpretativo. Ahora sí hay flexibilidad. Ahora sí se puede esperar algunos días más porque ‘el proceso debe concluir correctamente’.
La pregunta resulta inevitable. Si la ley admitía esta elasticidad para resolver asuntos pendientes, ¿por qué el mismo criterio no podía aplicarse cuando un candidato se siente afectado y una parte no menor de ciudadanos reclamaban mecanismos extraordinarios frente a un proceso bajo sospecha?
Ese es el núcleo de la contradicción.
La Ley Orgánica de Elecciones efectivamente contempla procedimientos para resolver impugnaciones y actas observadas antes de la proclamación definitiva. El problema no es estrictamente legal. El problema es la utilización selectiva del argumento jurídico según la conveniencia política del momento.
Cuando la presión venía desde fuera del sistema, el JNE levantaba el muro de los ‘plazos inamovibles’. Cuando la incapacidad proviene desde dentro del propio sistema electoral, los plazos se vuelven flexibles, interpretables y acomodables.
Eso destruye confianza.
Porque en democracia no basta con invocar la ley. También se necesita coherencia, predictibilidad y credibilidad. Y Burneo ha transmitido exactamente lo contrario.
Hoy una parte importante del país no observa únicamente retrasos administrativos. Observa un árbitro que endurece las reglas cuando el ciudadano reclama, pero las relativiza cuando su propia gestión fracasa en cumplirlas.
En cualquier democracia madura, un jefe electoral bajo cuestionamientos actuaría con extremo cuidado para evitar alimentar sospechas. Aquí sucede lo inverso. Cada conferencia incrementa las dudas. Cada rectificación erosiona más la legitimidad del proceso. Cada cambio de versión alimenta la percepción de arbitrariedad.
Y ni siquiera la auditoría prometida logró despejar dudas. Burneo nunca explicó quién la realizará, qué revisará ni qué sentido tendría ejecutarla después de proclamar resultados. Otro anuncio vacío de una gestión que acumula más improvisación que certezas.
¿Es ineficiencia? Posiblemente.
¿Desorden institucional? También.
Pero después del trauma político del 2021, en un país donde millones de ciudadanos aún desconfían profundamente del sistema electoral, la percepción de improvisación del árbitro deja de ser un problema técnico y se convierte en un problema político de enormes proporciones.
Y eso tiene nombre, apellido y responsabilidad.
