CIDH reconoció ‘respuesta democrática’ del Poder Judicial, Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas. ¿Lo sabe el encargado de Palacio de Gobierno?

El 8 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó públicamente desde Washington la decisión de José Pedro Castillo Terrones (56) y sus secuaces de pretender quebrar el orden constitucional en el Perú a través de un golpe de Estado.
Es bueno recordarlo ahora que el encargado de Palacio de Gobierno, José María Balcázar Zelada (83), ha cantado la posibilidad de abrir a Castillo las rejas del penal de Barbadillo, en base a una recomendación no vinculante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA).
El documento de la CIDH menciona: ‘El ex-presidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje a la nación en la mañana del 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e instalar un gobierno de emergencia que actuaría a través de decretos-ley. Además, anunció el toque de queda, así como la reorganización del sistema de justicia, incluyendo el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, entre otros aspectos’.
‘La Comisión considera que la acción anunciada desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso. Además, decreta la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de locomoción, asociación sin criterios específicos; y ordena, de manera unilateral, la reorganización de todo el poder judicial’, agrega.

Luego precisa: ‘En el ámbito interno la decisión fue denunciada como un golpe de estado por algunas instituciones de los demás poderes estatales, y rechazada entre ellas por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscal General de la República, la Procuraduría General, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, el Congreso tomó la decisión de declarar la vacancia presidencial, generando la sucesión constitucional, habiendo asumido la Presidencia la ex Vicepresidenta Dina Boluarte’,
Castillo Terrones ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a consecuencia del frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En esta dirección se puede ver el documento oficial de la CIDH:
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/269.asp
