No se defiende el Estado de derecho torciendo la Constitución.
Hay paradojas que retratan una época. Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sostiene que Pedro Castillo fue víctima de una detención arbitraria. Ahora ese mismo informe pretende utilizarse como salvavidas jurídico para liberarlo mediante una decisión que podría convertirse en la verdadera arbitrariedad.
El presidente encargado, José María Balcázar, emplazó públicamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, a ‘estar a la altura’ del pronunciamiento. No fue una frase inocente. Sonó a presión política lanzada desde Palacio para obtener una respuesta favorable de quien tendría que asumir la responsabilidad jurídica de refrendarla.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no es un tribunal internacional. Su opinión puede generar debate, pero no es una sentencia, no desplaza al Poder Judicial ni obliga al Perú a liberar a Castillo. Una recomendación internacional no crea facultades presidenciales ni convierte lo constitucionalmente inviable en jurídicamente posible.
Pedro Castillo no tiene una condena firme que pueda ser objeto de indulto. Tampoco puede concedérsele una gracia presidencial fuera de los supuestos previstos por la Constitución. Aníbal Quiroga ha advertido que una decisión de esa naturaleza sería indebida y podría generar responsabilidad tanto para Balcázar como para el ministro que la refrende.
Allí entra Jiménez Borra. Su firma no sería un trámite decorativo. Sería asumir como propia una decisión de enormes consecuencias políticas, jurídicas e institucionales.
Si concluyera que la medida vulnera la Constitución y se negara a firmarla, debería decirlo públicamente. Si renunciara o fuera reemplazado, tendría la obligación política de explicar de inmediato las razones. Durante este lamentable lustro varios ministros se enteraron por la televisión o las redes sociales de que habían perdido la confianza presidencial. Esta vez el silencio no sería una descortesía palaciega. Podría impedir que el Congreso reaccione antes del hecho consumado.
Y el Congreso debe estar despierto. Pese a su descrédito y a su mediocridad, tiene la obligación de impedir que desde el Ejecutivo se fabrique una salida inconstitucional para quien intentó quebrar el orden democrático. Si se produjera una crisis ministerial destinada a conseguir la firma que hoy falta, el Parlamento tendría que activar inmediatamente sus mecanismos de control político.
Resulta absurdo que un informe sobre detenciones arbitrarias pueda utilizarse para justificar una arbitrariedad mayor. ¿Doble vara, moral ideológica o derecho confeccionado a la medida?
Más grotesco todavía es presentar el mensaje del 7 de diciembre de 2022 como ejercicio de libertad de expresión. Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y un gobierno de excepción. El Perú vio un golpe fallido en vivo y en directo. Llamarlo proclama no modifica los hechos.
Cuando el poder tuerce la Constitución para liberar a Castillo, el problema deja de ser un preso. El problema pasa a ser la República.
