La justicia no admite doble vara. Tampoco la incoherencia.
El coronel (r) PNP Harvey Colchado ha declarado, a propósito del discurso de la presidenta electa Keiko Fujimori durante la ceremonia de entrega de credenciales, que ‘el perdón comienza con justicia’ y que esta deberá demostrarse con hechos. En eso tiene razón. En una democracia, nadie debería estar por encima de la ley. Ni un presidente. Ni un policía. Ni un congresista.
El problema aparece cuando ese principio deja de ser una convicción y el espejo empieza a reflejar únicamente al adversario. Porque la verdadera prueba de una convicción comienza cuando ese mismo espejo nos devuelve nuestra propia imagen.
Hay, además, una pregunta que Colchado- hoy flamante diputado- no puede eludir. Durante meses reivindicó con orgullo su papel en la captura del expresidente Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, hoy forma parte de Ahora Nación, partido que decidió integrar una alianza parlamentaria con Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, uno de los principales promotores de la libertad de Castillo y de iniciativas orientadas a favorecer su situación jurídica. Si la defensa del Estado de derecho fue una convicción, esa convivencia política merece, como mínimo, una explicación.
Durante los últimos años, Colchado sostuvo que varias de las investigaciones abiertas en su contra respondían a una persecución política por el trabajo que realizó como oficial de la PNP. Es una tesis perfectamente legítima. Todo ciudadano tiene derecho a cuestionar una investigación que considere arbitraria o instrumentalizada.
Pero ese mismo estándar exige prudencia cuando se juzga a los demás. Porque la existencia de una investigación, por sí sola, no convierte a nadie en culpable. Tampoco basta para convertir a alguien en símbolo absoluto de la justicia.
La fortaleza del Estado de derecho no consiste en celebrar las investigaciones cuando alcanzan al adversario y desacreditarlas cuando nos involucran. Consiste en defender las mismas reglas para todos, sin excepciones ni conveniencias.
Si hoy Colchado reclama hechos y no discursos, la exigencia también lo alcanza. La autoridad moral no nace de una captura célebre ni de un escaño en el Congreso. Nace de la coherencia entre lo que se hizo, lo que se dice y el espacio político que se decide integrar.
Porque la justicia no puede ser una espada para el rival y un escudo para uno mismo. Tampoco puede invocarse desde una alianza política cuyos principales socios impulsan aquello que durante años se presentó como un atentado contra el Estado de derecho.
Los principios no se ponen a prueba cuando es fácil defenderlos. Se ponen a prueba cuando exigen asumir el costo de ser coherentes. Y esa prueba, como el propio Colchado ha dicho de la justicia, no se supera con discursos. Se demuestra con hechos.
