Estas son las carpetas fiscales por corrupción que el golpista de Puña pretende envolver en el ropaje de la persecución política. Balcázar está notificado.
El golpista José Pedro Castillo Terrones (56) tiene en curso al menos seis investigaciones fiscales por hechos de corrupción que está tratando de evadir a través de una docena de pedidos de indulto y gracia presidencial, mientras el presidente José María Balcázar Zelada (83) lo mira de reojo.
Estos expedientes no fueron tomados en cuenta por los tres miembros del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas que hace unos días recomendaron, con carácter no vinculante, no solo la excarcelación del golpista, sino también el pago de una insólita reparación civil a su favor.
Estas son las investigaciones fiscales que tiene en curso el ensombrerado reo ante el Ministerio Público y que habría pretendido echar por tierra con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, a través de la captura de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas:
1. Ascensos en las Fuerzas Armadas: El 11 de noviembre del 2021, la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, bajo el cargo de haber presionado a los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea para favorecer a oficiales en el proceso de ascensos. Pedro Castillo fue citado al Ministerio Público pero guardó silencio en todos los tonos.
2. Puente Tarata: En julio del 2022, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso investigar a Pedro Castillo Terrones por el caso Puente Tarata III, bajo el cargo de comandar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto al ex ministro Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez. Antes, la ex fiscal Zoraida Ávalos había suspendido las investigaciones por su investidura presidencial.
3. Petroperú: También en julio del 2022, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra Pedro Castillo por delito de tráfico de influencias, en la compra de biodiésel a cargo de Petroperú. Los indicios apuntaban a que el jefe de Estado había recibido 2 millones de soles. Ese expediente también había sido cerrado por la anterior representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, con el argumento de que lo blindaba su investidura presidencial.
4. Caso Anguía: Esta investigación fiscal comprende a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien acaba de resultar elegida como diputada para el periodo 2026-2031. Ella y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, han sido acusados por los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en la modalidad de organización criminal. Anguía es uno de los 19 distritos de la provincia de Chota, en Cajamarca.
5. Gabinete en la Sombra: Este proceso preliminar involucra a Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga y Alejandro Sánchez Sánchez, este último dueño de la casa de Sarratea. Todos son investigados por organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal, al haber despachado con Pedro Castillo en la casa de Breña. La colaboración eficaz de Salatiel Marrufo ha complicado la situación del encarcelado ex mandatario.
6. Sada Goray: En diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Pedro Castillo por delito de cohecho, a raíz de los sobornos que la empresaria de origen chino Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo, aparentemente a pedido del ex mandatario. Goray confesó que entregó 4 millones de soles a Marrufo, quien entonces se desempeñaba como jefe de asesores del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
