El crimen organizado avanza y El Niño dejó de ser una advertencia lejana. Mientras dos amenazas ponen al Estado contra el tiempo, la política abre censuras, demora decisiones y suma nuevas disputas entre poderes.
En Contrarreloj, Liam Neeson conduce con sus dos hijos dentro de un automóvil que no puede detener. Hay una bomba a bordo y cada decisión ocurre bajo presión.
La política peruana empieza a parecerse incómodamente a esa escena.
El crimen organizado sigue golpeando mientras el ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta una moción de censura promovida apenas dos meses después de iniciado el Gobierno. Sus impulsores cuestionan la estrategia frente a la inseguridad y exhiben cifras graves de homicidios.
Fiscalizar corresponde. Exigir resultados también.
Pero sesenta días siguen siendo sesenta días.
No se desmonta una estructura criminal con la velocidad con que se redacta una moción de censura.
Y aquí aparece la contradicción.
Mientras desde sectores de la oposición en Diputados se reclaman resultados inmediatos, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo sigue atravesando debates, reparos y negociaciones.
El Congreso puede revisar, limitar o rechazar facultades. Para eso existe.
Pero también existe la coherencia.
Pedir resultados mientras se traban los instrumentos para obtenerlos es exigir que el Gobierno corra después de atarle los cordones.
Y el corredor no compite solamente contra el crimen.
El Niño mantiene al país frente a otra cuenta regresiva. La amenaza climática añade presión sobre viviendas, infraestructura, cultivos, salud y capacidad de respuesta estatal.
Los estudios internacionales advierten que un episodio intenso de El Niño Global puede tener un costo humano enorme. En el Perú no hace falta exagerar nada. La amenaza ya es suficientemente seria.
El crimen no espera dictámenes. El Niño tampoco pide cuestión previa.
Y cuando ya había suficientes frentes apareció otro.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó las declaraciones de Keiko Fujimori ante Naciones Unidas sobre los procesos contra militares y policías y le pidió públicamente que se retractara. Tello sostuvo que esas expresiones afectaban la independencia judicial. Fujimori respondió que respetarla no significa renunciar a criticar actuaciones de la justicia.
Ahí está el punto delicado.
El Poder Judicial debe ser independiente, pero también debe proyectar distancia frente a las cuestiones políticas.
La independencia judicial se debilita cuando la justicia deja de parecer un poder imparcial y empieza a parecer un contendiente más.
Una cosa es impedir interferencias sobre jueces y sentencias.
Otra muy distinta es pretender que la crítica pública termine donde empieza el despacho judicial.
En democracia, la justicia merece respeto. No silencio.
Y ninguna autoridad debería olvidar que la legitimidad institucional también depende del tono, de la oportunidad y de saber cuándo una respuesta aclara y cuándo simplemente eleva la temperatura.
Ese es el verdadero problema.
Un ministro bajo censura. Facultades todavía atrapadas en la discusión parlamentaria. El Niño avanzando. Ejecutivo y Poder Judicial intercambiando reproches.
El país corre contra amenazas concretas mientras parte de su sistema político consume energía administrando conflictos propios.
Y allí aparece la paradoja más inquietante.
Tenemos un Estado obligado a acelerar y una dinámica política que parece especializada en hacerlo tropezar.
En Contrarreloj, detenerse era peligroso.
Aquí también.
La diferencia es que nosotros todavía discutimos quién debe conducir.
El reloj sigue corriendo. La realidad, a diferencia de la política, no concede cuartos intermedios.
