La depuración policial entusiasma al castillismo. Hasta que la investigación amenaza con llegar al gallinero.

La izquierda castillista tiene una receta para recuperar la Policía. Investigar a sus integrantes, revisar sus mandos y separar a los corruptos. Excelente. La letra pequeña aparece cuando el expediente menciona a Pedro Castillo. Entonces la escoba se convierte en plumero y empieza el delicado trabajo de no incomodar al pollo.
Catherine Palomino anunció que votará por archivar la denuncia constitucional sobre presuntos pagos por ascensos durante aquel gobierno. Tiene una posición firme. Qué alivio. Ahora falta que los argumentos alcancen semejante firmeza. Porque una cosa es tener decidido el voto y otra explicar por qué la acusación merece terminar en un cajón. Después podrán exhibir el archivo como certificado de blancura. El detergente parlamentario hace maravillas.
Su colega de JP, César Tito Rojas, reclamaba reestructurar la Policía, investigar bandas policiales y sancionar a los responsables. Advertía sobre altos mandos involucrados. También exigía investigaciones sin blindajes por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. Con Castillo, en cambio, invoca razones políticas para explicar su reclusión. El entusiasmo fiscalizador parece necesitar una pausa cuando reconoce al investigado.
El caso merece algo más que solidaridad partidaria. La prensa ha difundido elementos de la investigación fiscal sobre presuntos pagos de hasta cuarenta mil dólares, declaraciones de colaboradores y una testigo, una pericia grafotécnica y mensajes al entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, quien denunció presiones sobre los ascensos. Castillo reconoció las conversaciones, aunque negó una intervención indebida.
Todo eso debe contrastarse. Precisamente para establecer qué ocurrió. Pero algunos defensores del archivo parecen ofrecer un método mucho más económico. Preguntarle al compañero si es inocente y agradecerle la colaboración.
Un ascenso comprado desplaza al oficial honesto y convierte la autoridad en una inversión. Después nos sorprendemos de que alguien pretenda recuperar el capital. Si se acredita que la operación alcanzó la Presidencia, estaríamos ante una responsabilidad enorme. La corrupción no pierde gravedad cuando cambia el uniforme por la banda presidencial.
Por eso Palomino debe explicar qué testimonios cuestiona, qué objeta de la pericia y cómo interpreta los mensajes. El cariño político todavía no figura entre los métodos de refutación de pruebas. Tampoco basta llamar persecución a cuanto resulte incómodo.
Que se investigue hasta establecer responsabilidades. Que la justicia determine qué responsabilidad tuvo el pollo en la presunta venta de galones. A la Fiscalía le corresponde probar la acusación. A los amigos del pollo no les corresponde sustituirla por un acto de fe.
Y que quienes reclaman depuración policial decidan qué quieren limpiar. Porque si van a perseguir al policía que habría comprado el ascenso y proteger al poder que presuntamente lo vendía, su reforma tiene nombre.
Lavado de plumaje.

