Roberto Sánchez no presentó una actualización. Presentó una coartada. A seis días de votar, quiso cambiarle la ropa al mismo proyecto y venderlo como moderación.
Roberto Sánchez llegó a la segunda vuelta con un problema difícil de esconder. Su plan original decía una cosa y su nuevo plan, presentado a seis días de la elección, intenta decir otra. O, peor aún, intenta decir lo contrario sin admitirlo. Al final, parece solo eso. Un intento.
El primer documento era franco en su radicalidad. Asamblea Constituyente, nueva Constitución, crítica al modelo económico, revisión de tratados, cambios en el BCR, mayor control estatal sobre recursos estratégicos y un lenguaje de ruptura contra el llamado capitalismo neoliberal. No era un plan tímido. Era un manifiesto. Uno podía estar de acuerdo o no, pero al menos sabía de qué estaba hablando.
El nuevo plan, en cambio, aparece con zapatos lustrados. Habla de consenso, estabilidad macroeconómica, respeto a la propiedad privada, contratos, tratados comerciales, autonomía del BCR e inversión. Donde antes había intención de transformación, ahora hay perfume de gobernabilidad. Donde antes había martillo ideológico, ahora hay saludo cordial a los mercados.
La pregunta es inevitable. ¿Cambió la esencia o solo cambiaron los adjetivos?
Porque el cambio constitucional sigue allí, aunque envuelto en papel de diálogo. El mayor rol del Estado sigue allí, aunque ahora acompañado de frases tranquilizadoras. La crítica al modelo sigue respirando debajo del nuevo barniz. No parece una conversión. Parece una operación cosmética.
El episodio de Telefónica terminó de desnudarlo. En una primera versión del nuevo plan se incluyó la nacionalización de Telefónica del Perú, hoy Integratel, y la recuperación de activos estratégicos vinculados a las telecomunicaciones, incluido el espectro radioeléctrico. Horas después, según reportes periodísticos, la propuesta fue retirada de una versión posterior. No es un detalle menor. El espectro radioeléctrico no es una frase decorativa. Es el recurso sobre el cual operan servicios de telefonía, internet, radio y televisión. Hablar de recuperarlo abre una alarma para todos los medios que funcionan con concesiones del Estado. El problema no es solo que la idea haya aparecido. El problema es que haya aparecido, asustado y desaparecido.
También queda una duda de fondo sobre las mal llamadas leyes pro crimen. Si dicen que las van a derogar, conviene preguntar con precisión cuáles. ¿Incluyen también aquellas normas que han favorecido, directa o indirectamente, a la minería ilegal? ¿Las que sí votó el congresista Sánchez? ¿O la indignación será selectiva, según el aliado, la plaza o el mitin?
Lo más grave no es solo el viraje. Es el desprecio al elector. Quienes votaron por el primer plan, ¿fueron usados como escalera para llegar a la segunda vuelta? Y quienes hoy escuchan el nuevo discurso moderado, ¿son invitados a creer en una versión maquillada para tranquilizar incautos?
Roberto Sánchez quiere que el país le crea justo cuando su palabra viene perdiendo valor. En el debate afirmó que Luis Carranza había dicho que Pedro Francke fue el mejor ministro de Economía. Carranza tuvo que salir a desmentirlo. No fue una licencia retórica. Fue una burda mentira demasiado grande para pasar por descuido.
Por eso el problema de Sánchez ya no es solo programático. Es de credibilidad. Si cambia de plan a seis días de votar, si maquilla la esencia de su proyecto, si corrige en caliente una estatización sensible y si en debate atribuye frases falsas a terceros, la pregunta final cae sola.
¿Cuál Sánchez gobernaría? ¿El del plan original, el del plan maquillado, el del párrafo borrado o el que dice cualquier cosa cuando necesita ganar?
La respuesta quizá sea más simple y más inquietante. Son dos planes aparentemente distintos, pero un mismo proyecto político. Cambió el envase, no el contenido.
