Quienes llamaron obstruccionista al fujimorismo y convirtieron esa etiqueta en su principal bandera política hoy corren el riesgo de convertirse en aquello que durante años denunciaron.
La palabra ‘obstruccionismo’ no nació por casualidad. Fue la etiqueta política que comenzó a construirse durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y alcanzó su máxima rentabilidad durante el de Martín Vizcarra. Sirvió para atribuirle a Fuerza Popular la responsabilidad de casi todos los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. La narrativa fue tan eficaz que muchos terminaron confundiendo un relato político con un hecho histórico. Ese relato terminó sirviendo de fundamento político para justificar la disolución del Congreso impulsada por Martín Vizcarra. La historia, sin embargo, suele tener memoria. Y también sentido del humor.
Los hechos cuentan otra historia.
Desde el 2006, todos los gobiernos que iniciaron una nueva gestión recibieron una primera delegación de facultades legislativas. Alan García las obtuvo. Ollanta Humala también. Pedro Pablo Kuczynski las consiguió pese a enfrentar un Congreso donde Fuerza Popular era amplia mayoría. Martín Vizcarra las recibió tras la sucesión constitucional. Pedro Castillo también. Dina Boluarte igualmente.
A ninguno se le entregó un cheque en blanco. El Congreso recortó plazos, delimitó materias y modificó alcances. Así funciona una democracia. El Parlamento controla y el Ejecutivo gobierna. Fiscalizar significa examinar una propuesta, corregirla cuando corresponde y decidir sobre ella. El obstruccionismo comienza cuando el rechazo antecede al debate.
Y esa es precisamente la preocupación que hoy empieza a instalarse.
No deja de llamar la atención que, incluso antes de que exista un proyecto oficial ingresado al Congreso, ya aparezcan pronunciamientos adelantando posiciones. El senador Jaime Quito ha expresado públicamente su oposición a la delegación de facultades, mientras que la senadora Ruth Luque ha cuestionado el anuncio del Ejecutivo antes de conocerse el texto definitivo. El debate empieza a parecer un juicio anticipado más que una deliberación parlamentaria.
Ni siquiera existe un proyecto oficial presentado ante el Congreso. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aún no ha sido conformada. Sin embargo, la discusión política ya gira alrededor de la filtración de un supuesto borrador y de pronunciamientos anticipados que expresan rechazo o desconfianza antes de que exista un texto definitivo sobre el cual deliberar. El problema deja de ser el contenido. El problema parece ser quién ocupa Palacio de Gobierno.
La comparación con el 2016 resulta inevitable.
La misma izquierda que acusó a Fuerza Popular de impedir que Pedro Pablo Kuczynski gobernara terminó viendo cómo ese Congreso aprobó las primeras facultades legislativas solicitadas por el nuevo Ejecutivo. Hubo debate. Hubo modificaciones. Hubo límites. Lo que no hubo fue una negativa automática por el simple hecho de que el presidente perteneciera a una fuerza política distinta.
Hoy el contexto es infinitamente más complejo. El crimen organizado desafía diariamente la autoridad del Estado. El Fenómeno de El Niño amenaza infraestructura, agricultura y miles de familias. El sistema de salud continúa arrastrando años de abandono, donde una cita médica puede tardar meses y un tratamiento depende demasiadas veces de la suerte. Millones de peruanos esperan respuestas que ya no admiten cálculos ideológicos ni disputas de corto plazo.
Por eso, la primera obligación de una oposición democrática no es facilitarle la vida al gobierno. Es demostrar que el interés nacional pesa más que la conveniencia partidaria. Si el pedido de facultades resulta excesivo, corresponde limitarlo. Si contiene herramientas razonables para enfrentar problemas urgentes, corresponde aprobarlas, como ocurrió con gobiernos de todas las tendencias políticas. Negarse siquiera a discutirlas por razones ideológicas no fortalece la democracia. La debilita.
La historia tiene un extraño sentido del humor. Quienes hicieron de la palabra ‘obstruccionismo’ su principal bandera política hoy corren el riesgo de demostrar que nunca les incomodó el obstruccionismo. Lo que realmente les incomodaba era no tener el control de él.
Porque cuando el apellido del gobernante importa más que el contenido de sus propuestas, el obstruccionismo deja de ser una acusación para convertirse en una decisión política. Y quienes durante años señalaron con el dedo a los supuestos obstruccionistas descubren, demasiado tarde, que el búmeran siempre regresa a la mano de quien lo lanzó.
