Susana Villarán, Marisa Glave y Annel Townsend temen por sus vidas ante cantado asesinato de Miguel Castro.
En la tarde del lunes 30 de junio, un día después de la violenta muerte de José Miguel Castro Gutiérrez (51), Merly Edquen Olivera, abogada de la ex alcaldesa Susana María del Carmen Villarán de la Puente (75), lanzó esta clarinada de alerta:
‘La señora Villarán se pone también en esa situación y dice: si fue un homicidio y él ha sido una de las piezas visibles del proceso, yo soy la pieza más visible ¿qué seguridad podría tener yo de que alguien venga y me mate?’.
Un día antes, el 29 de junio, el cuerpo sin vida de Castro había sido hallado en su departamento de la cuadra 4 de la calle Madrid, en Miraflores, con un corte de 14 centímetros en el cuello y al menos otros cinco en zonas periféricas, además de escoriaciones múltiples en las muñecas.
La ex alcaldesa cumple arresto domiciliario en su vivienda de la playa Arica, en Lurín, pues en mayo del 2020 fue excarcelada del penal de mujeres de Chorrillos ante el riesgo de que contrajese el coronavirus. El lugar en el que reside es desolado, sobre todo en invierno, lo que aumenta el riesgo de un eventual atentado.
El juicio oral contra Villarán de la Puente ha sido programado para el martes 23 de septiembre bajo el cargo de haber recibido US$11.2 millones de Odebrecht y OAS para financiar el ‘NO a la revocatoria’ del 2013 y su campaña edil, a cambio de favorecerlas en concesiones públicas durante su gestión (2011–2014).
La ex alcaldesa de la chalina verde enfrenta ahora cargos por los delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, lo que podría llevarla a prisión durante los próximos 29 años.
Pero a Villarán de la Puente no es a la única a la que han empezado a temblarle las piernas luego de la muerte violenta de Miguel Castro, pues otros personajes envueltos en esta trama, como la ex regidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave Remy (44) y la ex congresista Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez-Canseco (59), también sienten el peligro cerca.
Miguel Castro había declarado ante la Fiscalía que durante la campaña por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20,000 y la regidora Marisa Glave S/60,000 en efectivo como gastos operativos que provenían de Odebrecht y OAS.
El abogado Sandro Balvín Sáenz- quien estuvo a cargo del caso de Emerson Fasabi, el fallecido empleado de Ollanta Humala y Nadine Heredia- dijo a OFF THE RECORD que la muerte de Castro tendría un doble objetivo: 1) silenciar al testigo más importante y 2) dejar en claro a los demás implicados en el proceso que no deben abrir la boca.
El 13 de julio del 2020, el fiscal Carlos Puma abrió una investigación preliminar a la ex jefa de campaña del ‘No a la Revocatoria’, Anel Townsend, a las ex regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, al regidor opositor Jaime Salinas, al ex ministro Jorge Nieto Montesinos y a Carlos Enrique Juscamaita, cuyas vidas ahora pueden estar en riesgo.
La investigación está vinculada a las declaraciones de José Miguel Castro, quien como el aspirante a colaborador eficaz N° 185-2020 reveló que los 7.2 millones de dólares que financiaron el ‘No a la Revocatoria’ provinieron de OAS (US$ 4 millones), Odebrecht (US$ 3 millones) y Graña y Montero (US$ 200 mil).
En base a las declaraciones del hoy fallecido Castro Gutiérrez, el fiscal resumió así el presunto destino del dinero que habría sido pagado por Luis Gómez Cornejo: 1) US$ 20 mil para Anel Townsend como jefa de la campaña del ‘No a la Revocatoria’. 2) US$ 20 mil para Marisa Glave y Zoila Reátegui, regidoras de la Municipalidad de Lima.
Otros involucrados en esta investigación son Jorge Nieto Montesinos, Jaime Salinas López-Torres, Domingo Arzubialde Elorrieta, Gabriel Prado Ramos, Zoila Reátegui Barquero, Carlos Juscamaita Aranguena, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde, quienes han empezado a echar doble llave a sus puertas antes de irse a la cama.
Excelente artículo
Fuentes cercanas al MinisterioPúblico informan que la Policía está coordinando un aumento de la seguridad personal a los implicados en el caso de Susana Villarfán.