Roberto Sánchez negó una hoja de ruta para moderarse, pero firma un pacto para reafirmarse. No es democracia participativa. Es refundación con acta.
A pocas horas del único debate presidencial, Sánchez ha sacado del sombrero un pacto de emergencia. No necesariamente para comprometerse, sino para montar una escena. Una mesa, organizaciones sociales, diez compromisos, palabras solemnes y una consigna lista para la foto. Todo envuelto en esa gravedad impostada con la que los candidatos desesperados intentan presentar como acuerdo nacional lo que apenas es una maniobra política.
Durante semanas, el candidato que quiso heredar el sombrero repitió hasta el cansancio que no firmaría ninguna hoja de ruta, como aquella que en su momento aceptó Ollanta Humala para moderar sus propuestas y tranquilizar al país. Quiso vender firmeza donde había cálculo. Pero este documento termina siendo una hoja de ruta al revés. No para apaciguar a los temerosos, sino para comprometerse, disfrazado de demócrata, con sectores que apuestan por la refundación. El nombre puede sonar amable, pero la narrativa ya está escrita en su plan y en sus discursos de campaña. Las cosas claras y el chocolate espeso.
El pacto de Sánchez no parece una rectificación. Parece una operación de maquillaje. Habla de equilibrio de poderes, meritocracia, salud, educación, derechos, seguridad, medio ambiente y gestión pública. El menú completo del populismo de segunda vuelta. Nada falta, nada incomoda demasiado, todo suena noble. Quizá busca confundir a los desencantados, a los despistados o a los asustados con una palabra tranquilizadora. Pacto. Pero un rótulo no cambia la naturaleza de un proyecto.
Sánchez promete meritocracia, aunque arrastra una historia incómoda de contrataciones de allegados y cuotas de confianza cuando fue ministro y congresista. Pretende hablar de Estado profesional como si viniera de Finlandia, cuando su biografía pública huele más a reparto que a concurso. La meritocracia, en su boca, no es una convicción. Es un disfraz mal confeccionado.
También habla de víctimas del ‘conflicto armado interno’, una expresión que puede tener uso académico o jurídico, pero que en campaña exige precisión moral. Porque en el Perú no hubo una violencia abstracta caída del cielo. Hubo terrorismo. Hubo Sendero Luminoso. Hubo MRTA. Hubo asesinatos, secuestros, coches bomba, autoridades ejecutadas, campesinos masacrados, policías y militares atacados, ciudadanos convertidos en objetivo. Cuando ese lenguaje se usa sin condena nítida, el problema no es semántico. Es político.
Y está el célebre ‘voto vigilante’, presentado como mecanismo ciudadano. Suena bonito. Pero es pura retórica. Cuando los regímenes populistas se instalan, la fiscalización de la gente suele terminar reducida a nada. Lo que llaman vigilancia puede convertirse en tutela de colectivos afines, presión organizada y cogobierno informal. No control ciudadano. Correa de transmisión.
Además, Sánchez pretende aparecer como paladín de la seguridad después de haber estado vinculado a una de las llamadas leyes pro crimen, la Ley 31989, aquella que sí resulta difícil de justificar porque debilitó acciones contra mineros ilegales con explosivos. Ahí no hay matiz posible. Hay voto, firma y responsabilidad.
Yehude Simon lo ha llamado traidor. Otros lo ven como embustero. Este pacto no corrige a Sánchez ni le suma moderación. Lo deja más claro que nunca.
No busca unir al país, busca darle acta y testigos a una agenda que amenaza con desmontar todo lo avanzado.
