Donde la trampa vota y la democracia mira al techo

En el Perú ya no necesitamos ilusionista ni prestidigitadores. Para qué, si tenemos partidos capaces de hacer aparecer miles de firmas como si fueran palomas sacadas de un sombrero. Y mientras ellos juegan a magos del padrón, el presidente del JNE, Roberto Burneo- el mismo que llegó prometiendo transparencia, mano firme y una cruzada contra la viveza electoral- mira hacia el techo mientras ajusta un flamante chaleco antibalas. Muy simbólico todo.
La película comienza en mayo. Ahí apareció Burneo con gesto épico anunciando que el JNE investigaría el escándalo de las firmas falsas. Prometió rigor, velocidad, justicia y linterna en mano para encontrar a los falsificadores. El país respiró un poco. Un poco nomás. Porque en este país, confiar es casi un deporte extremo.
En julio, Burneo reapareció para asegurar que la investigación estaba prácticamente terminada. Que ya casi, casi tenía los resultados. Que solo faltaba afinar detalles. Como cuando un amigo te dice ‘estoy saliendo’ y todavía está en la ducha. Ahí íbamos.
En agosto, el presidente del JNE fue categórico: ‘En dos semanas’, dijo, conoceríamos los partidos que habían inflado sus padrones con firmas clonadas, huellas recicladas y afiliaciones fantasma. Dos semanas exactas, sin falta. Palabra de Burneo. Como prometer devolver un préstamo el lunes, una tradición nacional que jamás se cumple.

Mientras tanto, el Reniec seguía enviando informes como si fueran citaciones del SAT: más de 300 mil firmas observadas, 130 reportes enviados al JNE, y un zoológico de partidos- grandes, chicos, invisibles y microscópicos- metiendo firmas repetidas como si fueran stickers. Perú Moderno, PRIN, Demócrata Verde, Primero La Gente, Ciudadanos por el Perú, Perú Primero, Avanza País y un largo ‘etcétera’. Una feria de falsificaciones digna del Guinness, si Guinness premiara la desvergüenza.
Y entonces llegó septiembre. Pero no llegó con los resultados prometidos. No. Llegó con una demanda competencial del JNE ante el Tribunal Constitucional porque un juez se atrevió a ordenar la inscripción fuera de plazo de Unidad Popular, el partido de Duberlí Rodríguez. Para defender plazos, el JNE funciona como reloj suizo. Para defender la ley, más parece un control remoto sin pilas.
En octubre se cerró el padrón. Poco después, el Tribunal Constitucional le dio la razón al JNE en la demanda. Victoria inmediata, celebrada. ¿Y las firmas falsas? Nada. Silencio. Humo. Olvido. Las dos semanas prometidas ya parecían una leyenda inca.
A fines de noviembre comenzaron las elecciones internas. El APRA votó, Renovación Popular también, y los demás partidos organizaron sus delegados como si no tuvieran un cadáver administrativo bajo la alfombra. Todo normal. Todo democrático. Todo contaminado desde el inicio.

Y a inicios de diciembre, para completar el cuadro, ocurrió el atentado- todavía envuelto en misterio- contra Rafael Belaunde Llosa. Un país en un proceso electoral frágil, plagado de irregularidades, y ni una sola palabra de Burneo sobre el escándalo que él mismo juró esclarecer.
Entonces llegó la frase final, la más vergonzosa: ‘Ya no se puede hacer nada’. Porque el proceso está convocado. Porque excluir a quienes cometieron delitos sería ‘atentar contra la participación ciudadana’. Porque en el Perú las fechas tienen más autoridad que la ley.
Y ahí está el resultado. Se consagra la trampa. Se normaliza la ilegalidad. Se institucionaliza la viveza. Y se contamina la legitimidad de cualquier futuro electo, que cargará la marca indeleble de un sistema que permitió que miles de firmas falsas entraran por la puerta principal, sin castigo, sin vergüenza y con sonrisa.
Este es mi Perú.
El país donde las firmas son falsas, pero la impunidad es auténtica.
