Cuando el JNE permitió votar el lunes 13, la excepcionalidad fue válida. Cuando se plantea reparar a los electores de Lima, la legalidad se vuelve una muralla. Esa contradicción ya no parece justicia electoral. Parece conveniencia.
La elección peruana del 12 de abril dejó una pregunta que ya no es solo jurídica. Es moral, política y democrática. ¿Puede un sistema electoral impedir de hecho que cientos de miles, o quizás más, de ciudadanos voten y luego refugiarse en la literalidad de la ley para negar cualquier reparación?
La Constitución es clara en su principio mayor. El sistema electoral existe para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios reflejen exactamente la voluntad del elector. No dice que el sistema exista para proteger formularios, excusas administrativas o comunicados de emergencia. Existe para proteger el voto.
Por eso resulta tan grave la contradicción. Cuando el propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió que determinados electores votaran el lunes 13 de abril porque sus mesas no se instalaron el domingo, no aplicó una regla ordinaria de manual. Aplicó una salida excepcional frente a una afectación excepcional. Esa decisión, además, ocurrió en un contexto delicadísimo, cuando ya se conocían a boca de urna, conteos rápidos y tendencias políticas. Es decir, se aceptó una votación posterior, inevitablemente contaminada por información pública previa.
Entonces la pregunta cae sola. Si eso fue jurídicamente posible para algo más de 63 mil electores, ¿por qué sería jurídicamente escandaloso discutir una elección complementaria focalizada en Lima para quienes no pudieron votar por responsabilidad operativa de la ONPE?
La Ley Orgánica de Elecciones asigna a la ONPE la organización y ejecución de los procesos electorales. También la Constitución le encarga, en el Art. 182, la entrega de actas, material necesario para los escrutinios y la difusión de resultados. Si falló la logística, si no llegó material, si las computadoras no funcionaron, si las impresoras no imprimieron, si las mesas abrieron tarde o no abrieron, el elector no desertó de la democracia. La democracia lo dejó tirado en la puerta.
Quienes hoy dicen que ‘la ley no faculta’ una elección complementaria en Lima olvidan convenientemente que el JNE no es una ventanilla notarial del desastre. La Constitución le ordena fiscalizar la legalidad del sufragio, velar por las normas electorales y administrar justicia electoral. Además, el Pleno aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve conforme a ley y a los principios generales del derecho.
Pero en este debate parece cumplirse la vieja sentencia: en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entre tantos defensores selectivos de la democracia, basta mirar con un solo ojo para parecer jurista. Callaron cuando el JNE permitió votar el lunes 13, ya con boca de urna y conteo rápido sobre la mesa. Pero ahora, cuando se plantea reparar una afectación mucho mayor en Lima, descubren de pronto la pureza normativa, la virginidad legal y el escándalo republicano.
Ese es el punto. Nadie está pidiendo inventar una elección por capricho. Se está exigiendo una reparación proporcional frente a una afectación real, masiva y territorialmente identificable. Si la excepcionalidad sirvió para prolongar la votación de algunos, debe servir también para evaluar el derecho de quienes, en Lima, fueron privados materialmente del sufragio.
Lo contrario sería la ley del embudo. Ancha cuando conviene salvar el procedimiento. Estrecha cuando toca salvar la voluntad popular.
Y allí nace la sospecha política más incómoda. ¿Estamos ante un fraude clásico, con ánforas robadas y actas adulteradas? Tal vez no. Pero podría tratarse de algo más moderno, más sutil y más perverso: una supresión fáctica del voto. No se cambia el voto emitido. Se impide que cierto voto exista.
Los sectores que se llenan la boca hablando de ‘voluntad popular’ deberían ser los primeros en exigir que vote todo peruano afectado por la negligencia estatal. Pero cuando esa voluntad puede alterar el resultado, algunos descubren súbitamente el amor por el formalismo.
La democracia no puede escoger qué votos repara y qué votos entierra. Si el voto es igual, libre y obligatorio, también debe ser efectivamente posible. Donde el Estado impidió votar, el Estado debe corregir. Lo demás no es legalidad. Es coartada.
