Roberto Burneo avaló torcer la regla para contener el caos electoral, pero rechaza corregir el daño causado a cientos de miles de ciudadanos. Cuando la excepción protege al sistema y no al elector, la legalidad deja de ser principio y se vuelve acomodo.
El comunicado del JNE no apaga la crisis. La ordena, la maquilla y la vuelve más irritante. Y el principal responsable de esa operación política e institucional tiene nombre propio: Roberto Burneo.
Porque aquí no estamos ante una simple nota administrativa. Estamos ante la decisión de un presidente del JNE que, en vez de asumir la gravedad del daño causado por el desorden electoral, ha optado por cerrarle la puerta a cualquier salida reparadora y envolver esa negativa en jerga técnica para que parezca sensata, inevitable y limpia.
El propio comunicado contiene la prueba de su contradicción. Reconoce que las graves incidencias en el despliegue del material electoral y en la organización del proceso obligaron a adoptar medidas extraordinarias, como ampliar el horario de votación y extenderlo hasta el día siguiente en mesas no instaladas. Es decir, el sistema ya aceptó que el proceso fue alterado porque la ONPE falló. La normalidad se rompió. La excepción se aplicó.
Entonces la pregunta cae por su propio peso. Si el proceso pudo torcerse para contener el caos, por qué no podría corregirse para reparar el perjuicio causado a un número importante de ciudadanos. Ahí está la gran incongruencia de Burneo. Se mostró flexible para salvar la operación, pero se vuelve rígido cuando toca restituir derechos. Se dobló la regla para sostener al sistema, pero no para responderle al elector afectado. Eso no es seguridad jurídica. Es acomodo institucional.
Más aún, el comunicado dice que el proceso todavía no concluye, que faltan actas observadas, nulidades y otras incidencias por resolver. Pero si todo eso sigue abierto, con qué certeza Burneo decide declarar inviable una medida correctiva. Si aún no termina el proceso, el apuro por clausurar esa posibilidad revela más ansiedad política que convicción jurídica.
Burneo invoca legalidad, transparencia e integridad electoral. Pero esas palabras se vacían cuando la voluntad popular se reduce solo a contar votos emitidos y no a garantizar que quien quiso votar pudiera hacerlo en condiciones razonables. La democracia también se rompe cuando el ciudadano es expulsado de hecho por la incompetencia, la improvisación y el colapso logístico.
Lo que Burneo ha firmado no es una defensa sólida del orden electoral. Es un pretexto elegante para blindar un proceso herido. Ha preferido proteger la continuidad del mecanismo antes que sanar la legitimidad del resultado. Y ese mensaje es peligrosísimo. En el Perú, al parecer, las medidas extraordinarias sirven para salvar al aparato, pero no para reparar al ciudadano.
Burneo no fue la rectificación de Salas Arenas. Fue su continuidad con otro rostro.
