Si la ley no llama fraude a impedir que miles voten por la vía del caos logístico, entonces hay que decirlo sin maquillaje. Fue una supresión fáctica del sufragio.

La coartada perfecta de los burócratas siempre llega con traje legal. ‘No hubo fraude’, repiten. Y quizá tengan razón en el tecnicismo estrecho de la norma. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha dicho que no hay elementos para hablar de fraude propiamente dicho. Pero eso no absuelve a nadie del desastre ni limpia la herida democrática que quedó abierta.
Porque aquí no estamos discutiendo una etiqueta penal. Estamos discutiendo un hecho brutal. Miles de peruanos fueron a votar, hicieron cola durante horas, esperaron lo intolerable y, agotados o indignados, se fueron sin ejercer su derecho. No porque no quisieran votar. No porque estuvieran desinformados. No porque llovió. Se fueron porque la ONPE de Piero Corvetto no puso a tiempo el material indispensable para que las mesas funcionaran. Y eso, en una democracia seria, no es una anécdota. Es una lesión directa al sufragio.
La ONPE y el JNE podrán refugiarse en el formalismo. Podrán decir que luego se amplió el horario, que al día siguiente se reabrieron mesas, que hubo una salida excepcional. Pero la trampa del hecho consumado ya estaba hecha. El ciudadano que perdió medio día, el adulto mayor que no pudo regresar, la madre de familia que debía volver a trabajar, el elector que simplemente se rindió después de una espera interminable, ya había sido expulsado de la elección por la vía más cobarde, la del cansancio inducido.
Y el perjuicio no golpeó a todos por igual. Alcanzó sobre todo a ciertos candidatos en la ciudad capital. En particular, a quien concentraba la mayor intención de voto en Lima. Esa coincidencia, por sí sola, no prueba una conspiración. Pero sí vuelve inevitable la sospecha política y hace todavía más grave lo ocurrido.
Y aquí aparece la pregunta venenosa que nadie quiere responder. ¿Por qué se tercerizó una labor tan sensible como el traslado del material electoral? ¿Por qué se abrió ese flanco en el momento más delicado? Cuando lo esencial se delega, la irresponsabilidad deja de ser descuido y empieza a parecer diseño.
Tal vez la ley no lo tipifique como fraude clásico. Tal vez no encaje todavía en la palabra favorita de los abogados. Pero políticamente sí tiene nombre. Interferencia del voto, supresión del sufragio, alteración material de la voluntad popular.
Porque una elección no se ensucia solo cuando se roba un voto contado. También se pervierte cuando se impide que ese voto llegue a existir.
