Leyes N°s 32181 y 32326 entreabren rejas a Toledo y le devuelven su casa.
La promulgación de la Ley N° 32181, Ley del Octogenario, y Ley N° 32326, Ley de Extinción de Dominio, han puesto a Alejandro Celestino Toledo Manrique (80) con un pie fuera del penal de la Diroes y con otro dentro de su legendaria casa en La Molina.
El viernes 9 de mayo, el abogado de Toledo, Roberto Su Rivadeneyra, se la cantó claro al juez Richard Concepción Carhuancho (54), cuando le pidió archivar la demanda de incautación de la residencia de la urbanización Camacho, en La Molina, en virtud de la reforma a la Ley Nº 32326 o Ley de Extinción de Dominio.
‘De acuerdo con la reforma que entra en vigencia a partir de mañana, ese proceso tiene que archivarse, porque bien claro indica que se aplica en forma inmediata’, manifestó el letrado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Unos días antes, la defensa de Toledo había pedido acogerse a la Ley N° 32181, Ley del Octogenario, que contempla la posibilidad de que personas mayores de 80 años puedan cumplir sus sentencias bajo arresto domiciliario, algo que Carhuancho denegó pero que ha subido a la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Mientras esto ocurría en predios judiciales, Celestino Toledo no cabía en su pellejo dentro de su celda personal, instalada en el segundo piso de la denominada Cárcel Presidencial, sobre las cabezas de José Pedro Castillo Terrones (55) y Ollanta Moisés Humala Tasso (62), este último en el recinto que correspondió al fallecido Alberto Kenya Fujimori Inomoto (+86).
El ex presidente Toledo nació en el pueblo rural de Cabana, en Áncash, el 28 de marzo de 1945, lo que hace que la Ley N° 32181, Ley del Octogenario, le caiga como anillo al dedo.
Se cree que la norma legal se cocinó a fuego lento en el Congreso de la República para evitar que Alberto Fujimori vaya a prisión por el caso Pativilca, aunque terminó beneficiando a otros como su ex asesor Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres (80) y el propio Alejandro Celestino.
La residencia de Toledo- ubicada en la calle Los Olivos 183-185, urbanización Camacho, La Molina- fue incautada en el 2016 por la Fiscalía de la Nación y pasó a ser administrados por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). En marzo del 2023 la Fiscalía de Extinción de Dominio pidió que la propiedad fuese declarada patrimonio del Estado.
