Restablecer relaciones exige respeto. No discursos de bienvenida con una mano y golpes a la soberanía con la otra.
Claudia Sheinbaum anunció hoy, durante ‘Las Mañaneras’, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Perú y, casi en el mismo acto, reiteró que México seguirá ‘defendiendo’ a Pedro Castillo. Ni siquiera habían transcurrido doce horas desde la salida de Betssy Chávez cuando volvió a la carga con unas declaraciones tan desafortunadas como innecesarias, advirtiendo además que el Gobierno peruano ya conoce su posición. Difícil imaginar una manera más torpe de inaugurar una nueva etapa.
México invoca con entusiasmo la Convención de Caracas cuando le conviene. El artículo IV permite al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución, mientras el artículo XII obliga al Estado territorial a otorgar el salvoconducto cuando aquel solicita la salida. El Perú cumplió.
Pero la misma Convención exige urgencia, peligro real y persecución política. México tenía la facultad de calificar el asilo, no una licencia para convertir automáticamente una condena judicial peruana en persecución ni transformar el asilo en lavandería política.
Betssy Chávez no salió del Perú perseguida por escribir una columna, militar en un partido o cuestionar al gobierno. Salió después de ser condenada a once años, cinco meses y quince días de prisión por conspiración para una rebelión. México podía considerar político el delito, pero nunca explicó convincentemente por qué una sentencia dictada por tribunales ordinarios demostraba persecución, falta de garantías o peligro para su integridad.
Ya ocurrió algo semejante con Lilia Paredes, investigada por presuntos delitos vinculados a una organización criminal. Una tradición respetable terminó convertida en herramienta de alineamiento ideológico.
La contradicción es mayor porque la doctrina Estrada rechaza que un gobierno extranjero se arrogue la facultad de calificar la legitimidad de las autoridades o los procesos políticos internos de otro Estado.
Sin embargo, Sheinbaum insiste en cuestionar las decisiones institucionales peruanas y convertir a Castillo en causa diplomática propia.
¿Así pretende México recomponer el vínculo?
El Perú honró el tratado y concedió el salvoconducto. Ahora corresponde que México respete una obligación aún más elemental entre Estados soberanos. No intervenir.
Y el gobierno de Keiko Fujimori debe marcar el límite desde el primer día. Recuperar el diálogo no significa aceptar tutelajes, sermones ni provocaciones.
Si México quiere relaciones, deberá aprender a respetar fronteras. También las políticas.
La soberanía peruana no es la moneda con la que se paga la reapertura de una embajada.
