Fuerza Popular cedió posiciones decisivas a una izquierda que no busca convivir con el gobierno, sino acumular poder para cercarlo.
En política, las concesiones se miden cuando empiezan a cobrarse. Fuerza Popular consintió el reparto que entregó a Juntos por el Perú cuatro comisiones sensibles en la Cámara de Diputados. Después, las cuatro presidencias fueron elegidas por unanimidad. No hubo resistencia, reparo, ni un solo voto discrepante que dejara constancia del riesgo. El costo podría conocerse cuando ya sea tarde para recuperar el terreno cedido.
El primer regalo fue Energía y Minas. Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo y criada como hija suya, conducirá una comisión estratégica sin experiencia conocida en el sector. Podrá priorizar dictámenes y colocar el Reinfo en la agenda. Asegura que no apoyará la minería ilegal, pero la pregunta permanece. ¿Qué se negoció, a cambio de qué y quiénes esperan cobrar?
La segunda concesión fue Constitución. Giannina Avendaño tendrá una plataforma privilegiada para impulsar las obsesiones de JP. Asamblea Constituyente, reformas funcionales a su proyecto o una amnistía disfrazada de reconciliación. No podrá imponerlas, pero sí administrar tiempos, instalar debates y fabricar legitimidades.
La tercera fue Justicia y Derechos Humanos. Catherin Palomino, protagonista de mensajes atribuidos a ella en los que se proclamaba pareja de Castillo, aunque después lo negó, podrá convertir la comisión en caja de resonancia del supuesto ‘preso político’. No concede indultos, pero puede construir la narrativa y ejercer la presión necesaria para reclamar una gracia que beneficie al golpista.
La cuarta pieza es Acusaciones Constitucionales. Daniel Varas podrá conducir investigaciones contra ministros, viceministros, parlamentarios oficialistas y otros altos funcionarios. La oposición ya tiene agenda, procedimiento y megáfono.
No son cuatro presidencias aisladas. Forman una cadena. Energía administra intereses, Constitución abre la puerta al cambio de reglas, Justicia fabrica el relato y Acusaciones proporciona el mecanismo de presión.
Roberto Sánchez advirtió que serían la ‘peor pesadilla’ del Gobierno. En Palacio quizá lo escucharon como una bravata. Debieron leerlo como un programa de acción.
Hoy el fujimorismo se siente protegido porque el Senado preside el Congreso. En 2027 la conducción pasará a la Cámara de Diputados. Para entonces, cada concesión puede haberse convertido en una trinchera.
Gobernar exige escoger. Si Keiko Fujimori intenta complacer a quienes quieren que su gobierno funcione y a quienes prometieron hacerlo fracasar, terminará decepcionando a los primeros y fortaleciendo a los segundos. Su verdadero blindaje no está en los acuerdos de pasillo, sino en el respaldo ciudadano.
No se puede gobernar con Dios y negociar la agenda con el diablo. Porque el diablo nunca firma la paz. Solo espera que le entreguen el cuchillo y le den la espalda.
