El Perú derrotó al terrorismo, pero desmontó las defensas de su democracia. Hoy el radicalismo ya no necesita tomar el Estado por las armas. Puede utilizar sus instituciones para hacerlo colapsar.
El Perú no llegó a esta crisis por accidente. Llegó por demolición acumulativa. Cada gobierno retiró una pieza, cada crisis justificó una concesión y cada cálculo político debilitó la capacidad del Estado para imponer la ley. Treinta y seis años después, la economía resiste. Las instituciones, apenas.
En 1990, el país estaba al borde del abismo. Hiperinflación, terrorismo y aislamiento. Fujimori aplicó el shock, restableció las cuentas y reinsertó al Perú. Cayeron Sendero Luminoso y el MRTA. Negarlo es tan deshonesto como negar el golpe de 1992, la corrupción y la maquinaria de Vladimiro Montesinos.
El problema es que, después del año 2000, el Perú no corrigió los abusos del régimen. Construyó una nueva identidad política bajo la promesa de no repetir la historia. Hoy sabemos que no se desterraron aquellos vicios. Apenas cambiaron sus protagonistas.
La transición confundió reconstrucción institucional con demolición. Desmanteló la inteligencia y castigó instituciones tutelares por cúpulas corruptas. Los partidos se transformaron en franquicias electorales sin doctrina. La política se judicializó y la justicia se politizó. Sectores progresistas conservaron influencia sin ganar elecciones. Algunos se atribuyeron la decencia y convirtieron a sus adversarios en sospechosos morales.
Toledo, García y Humala mantuvieron el rumbo económico. Uno mejor que los otros. El Perú acumuló reservas, redujo pobreza y convirtió al sol en una moneda respetada. Sin embargo, mientras la economía levantaba pisos, la política retiraba columnas.
PPK gobernó sin autoridad. Vizcarra convirtió el Congreso en espectáculo. Llegó Pedro Castillo. Ministros desechables, Sarratea y puestos vendidos. Su golpe fallido fue consecuencia de una democracia que había perdido filtros, partidos y anticuerpos.
Los gobiernos siguientes prolongaron la degradación presidencial. En 2026, Keiko Fujimori recibió una economía resistente, pero un Estado exhausto. El modelo sobrevivió. La República llegó a cuidados intensivos.
Hoy una turba puede apedrear a policías y presentarse como víctima. La minería ilegal rodea el Congreso y amenaza con desmanes para prolongar el REINFO, convertido, después de sucesivas ampliaciones, en refugio de actividades que nunca terminan de formalizarse. Las mafias enquistadas en construcción civil cobran cupos desde hace décadas y a plena luz del día. Todos conocen al cabecilla, la zona, el monto y hasta el día de pago. Sin embargo, el Estado que derrotó a una organización terrorista clandestina y sin rostro parece incapaz de capturar al extorsionador visible.
No es incapacidad. Es renuncia política. El crimen no avanza solamente con pistolas. También lo hace mediante prórrogas, registros, excepciones, silencios y autoridades dispuestas a mirar hacia otro lado.
Esa desinstitucionalización creó las condiciones para que representantes de una izquierda radical intenten hacer implosionar la democracia desde dentro. Ya no necesitan dinamitar torres ni esconderse en la clandestinidad. Pueden debilitar a la Policía, relativizar el terrorismo, convertir el Congreso en tribuna de provocación y utilizar las garantías del sistema contra el propio sistema.
Días después de su captura, Abimael Guzmán sostuvo desde una jaula que aquella derrota era ‘solo un recodo, nada más, un recodo en el camino’. Más de tres décadas después, el peligro es que ese recodo haya terminado dentro de las instituciones. No porque todos respondan a Sendero Luminoso, sino porque algunos reproducen su desprecio por la democracia y trabajan para vaciarla desde adentro.
La democracia no siempre muere bajo un golpe de Estado. A veces se suicida tolerando a quienes utilizan sus libertades para destruirla.
Roberto Sánchez y sus parlamentarios niegan concesiones al Gobierno. El antifujimorismo permite rechazar medidas antes de discutirlas. Pero el apellido Fujimori tampoco vuelve infalible al Gobierno. Las facultades deben fiscalizarse y limitarse. Obstaculizar ante el crimen organizado, la minería ilegal, las extorsiones y el Fenómeno de El Niño Global no es oposición democrática. Es colaboracionismo con el caos.
Reconstruir la institucionalidad no significa militarizar el país ni conceder poderes ilimitados. Significa profesionalizar la Policía, recuperar la inteligencia estratégica, depurar los órganos de justicia, imponer democracia interna a los partidos y expulsar del Estado a quienes sirven a economías criminales o proyectos extremistas. Significa restablecer una verdad elemental: quien desafía la ley debe enfrentar consecuencias.
La autoridad sin ley es abuso. Pero la ley sin autoridad es decoración.
El Perú derrotó al terrorismo cuando tenía instituciones capaces de investigar, perseguir y capturar. Después las debilitó, politizó o abandonó. Primero desmontamos las defensas de la democracia. Luego permitimos que ingresaran quienes nunca creyeron en ella.
Ya no necesitan derribar el Estado desde afuera. Les basta con ocupar sus instituciones, vaciarlas de autoridad y hacer que la democracia colapse bajo su peso.
La amenaza ya no se esconde en la clandestinidad. La implosión ha comenzado desde dentro, aunque pueda sonar redundante.
