Magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó dejar sin efecto pruebas remitidas a justicia peruana con información de sistemas ‘Drousys’ y ‘My Web Day B’.
El ex presidente Alejandro Celestino Toledo Manrique (80) recurrirá al ‘Exequatur’ para hacer cumplir la resolución del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que el viernes 28 de agosto ordenó anular las pruebas en su contra en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht que están consignados en los servidores encriptados ‘Drousys’ y ‘My Web Day B’.
El ‘Exequatur’, que literalmente significa ‘Ejecútese’, es el conjunto de reglas conforme a las cuales un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro país cumple o no los requisitos que permiten su reconocimiento, tal como ha hecho el juez brasilero José Antonio Dias Toffoli.
Fuentes cercanas a Toledo declararon a OFF THE RECORD que se está evaluando a puerta cerrada esta posibilidad para echar por tierra la condena de 20 años y 6 meses de cárcel que se le impuso por colusión y lavado de activos, al entregar irregularmente a Odebrecht la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, entre los años 2004 y 2005.
La sentencia que emitió el 21 de octubre de 2024 el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional- presidido por Zaida Catalina Pérez Escalante- se encuentra actualmente en revisión ante la Primera Sala Penal de Apelaciones desde el 16 de octubre del 2025, en un proceso accidentado que es manejado por el vocal ponente Rómulo Carcausto Calla.
La ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, confirmó el fin de semana la estrategia que seguiría la defensa de Toledo, aprovechando el pronunciamiento del juez brasileño Dias Toffoli.
‘Hay un trámite que se llama Exequatur, es un trámite en el cual la justicia peruana primero tiene que validar formalmente quién emite esa decisión para luego de ese trámite, que es judicial también, pueda derivarlo al juez penal a cargo del caso y el juez penal, recién en ese momento, evaluar si es que hay alguna prueba de las mencionadas por esta decisión’, dijo.
Carrión agregó: ‘No implica la anulación automática, primero porque hay que empezar diciendo que la justicia peruana no está subordinada a la justicia brasilera. Entonces, lo que decida un juez brasilero no es en automático acatado por un juez peruano. Hay una soberanía jurisdiccional también’.
El magistrado brasilero Dias Toffoli considera que los elementos obtenidos por el 13° Juzgado Federal de Curitiba, a cargo de Sergio Moro, presentan vicios jurídicos desde su origen.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil también declaró la inadecuación procesal de los documentos incluidos en el acuerdo de lenidad suscrito entre Odebrecht y la Fiscalía brasileña, pues las pruebas digitales presentaron irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en tribunales de Curitiba.
‘Concedo la solicitud contenida en este procedimiento y extiendo los efectos de las decisiones dictadas en las Demandas N° 61.387 y N° 43.007, para declarar la inadecuación, de acuerdo con el ordenamiento jurídico brasileño, con respecto a los solicitantes en este caso, de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizadas en el Acuerdo de Clemencia celebrado por Odebrecht’, menciona el documento.
El Ministerio de Justicia de Brasil deberá comunicar oficialmente la decisión del juez Dias Toffoli a las autoridades peruanas a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRACI).
