Un mes no alcanza para condenar una gestión. Pero cuando el crimen mata todos los días, tampoco existe el lujo de aprender sobre la marcha. Fujimori necesita tiempo. El país, resultados.
El poder empieza a mostrarle a la nueva administración una de sus leyes más crueles. El calendario político cuenta meses; la calle cuenta muertos.
La salida del general PNP Óscar Arriola de la Comandancia General es el primer movimiento importante de una gestión que todavía no cumple mes y medio. Ocurre cuando la inseguridad devora cualquier otra conversación. El teniente general PNP Fredy López, hasta ahora número dos de la institución y encargado interinamente de la comandancia, recibe algo más que un cargo. Recibe una cuenta regresiva.
El secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de cuatro de sus acompañantes dejaron imágenes y una sensación de desprotección más propias de Culiacán que del país que queremos ser. Pero Trujillo es apenas el símbolo más brutal de una enfermedad extendida. Lima convive diariamente con sicariato, extorsión y miedo, mientras otras regiones padecen el mismo virus con distinta intensidad. El crimen ya no tiene capital. Tiene territorio.
Y aquí cabe una pregunta incómoda. La Libertad ha sido durante años territorio de enorme influencia política de César Acuña y APP. Si el crimen creció hasta estos niveles, ¿dónde estuvo el poder regional mientras se incubaba el desastre?
Sería absurdo responsabilizar a Keiko Fujimori por una criminalidad alimentada durante años por fronteras permeables, cárceles convertidas en centrales del delito, inteligencia debilitada y un Estado que llegó tarde a casi todo. Pero sería igualmente ingenuo concederle un cheque en blanco. Prometió ORDEN y las promesas electorales tienen una particularidad incómoda. Vencen más rápido que los plazos administrativos.
Allí aparecen las 66 facultades legislativas.
El Ejecutivo necesita herramientas para gobernar y el Congreso debe examinarlas. Pero mezclar seguridad y prevención de El Niño con materias económicas, laborales, tributarias y ambientales diluye precisamente aquello que debería resultar incontestable. Si la casa se incendia, no se presenta un catálogo de remodelación. Se pide agua.
El premier Luis Galarreta tendrá que explicar este miércoles por qué todo es urgente. Cuanto más extenso sea el pedido, más sencillo será para la oposición disfrazar de escrutinio lo que puede terminar siendo bloqueo.
Y el cerco comienza a dibujarse. Juntos por el Perú ya presentó mociones de interpelación contra Rafael Belaúnde y César Astudillo. Ambas están pendientes de admisión, pero el mensaje político está enviado. Fiscalizar es legítimo. Pretender pasar del inicio de la gestión al paredón ministerial en pocas semanas es otra cosa.
También sería prematuro convertir cada tropiezo en certificado de defunción. Este gobierno acaba de comenzar. No heredó Suiza. Heredó un Estado lento, inseguridad desbordada y una ciudadanía agotada de escuchar planes.
La reciente Política General de Gobierno coloca correctamente la seguridad como primer eje, junto con prevención de desastres, desarrollo social, productividad y gobernabilidad. El papel ya tiene prioridades. Ahora falta que la realidad las reconozca.
Ese es el verdadero desafío de Fujimori. Menos anuncios que compitan entre sí y más decisiones que puedan verse juntas. Menos dispersión. Más foco. Seguridad y prevención frente a El Niño deberían convertirse en obsesiones gubernamentales.
No corresponde pedir milagros en treinta días. Sí corresponde exigir dirección.
Porque al Gobierno hay que darle tiempo, pero no recreo.
