Presidente de Comisión de Gracias Presidenciales pidió extraña licencia, justo cuando se cierra la puerta a excarcelación del golpista de Puña.
El domingo 19 de julio, mientras los limeños seguían la final del Mundial de EE.UU. 2026, en Palacio de Gobierno se cocinaba a fuego lento la firma del indulto o derecho de gracia que debe otorgar el presidente encargado José María Balcázar Zelada (83) al golpista de Puña, José Pedro Castillo Terrones (56), según fuentes de todo crédito.
Esto coincide con la extraña licencia de tres días que ha pedido- entre el lunes 20 y el miércoles 22 de julio- el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y también presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Magno Abraham García Chávarri, en cuyas manos estaba la papa caliente de la excarcelación.
El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra (49), concedió el permiso a García Chávarri y dispuso que durante esos tres días sea reemplazado por Oreste Gherson Roca Mendoza, en lo que constituye una nueva dislocación política en ese grupo del que depende la libertad de Castillo Terrones.
La Comisión de Gracias Presidenciales está conformada por Magno Abraham García Chávarri, Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Pablo Michael Huerta Canales, Martín Antonio Salgado Arroyo y Carlos Antonio Bazo Ramírez, este último en representación del Despacho Presidencial, es decir de José María Balcázar.
El 13 de mayo último, la abogada Leslie Roxana Gonzales Cabanillas presentó su renuncia irrevocable a ese grupo de trabajo, una vez que se difundió públicamente la cercanía de sus padres, dos profesores cajamarquinos, con Pedro Castillo Terrones, en lo que fue considerado un primer intento por liberarlo.
La Comisión de Gracias Presidenciales ha rechazado hasta el momento seis pedidos de indulto y una gracia presidencial planteadas en favor del profesor golpista por temas tan poco sólidos como una otitis y una gastritis.
El miércoles 15 de julio, ese grupo de trabajo pidió información al Registro Nacional Judicial (Renaju) sobre la situación penal de Pedro Castillo, en un documento que fue firmado por Michael Quispe Romaní, como director del grupo técnico, lo que volvió a corporizar el fantasma de la excarcelación.
Los documentos solicitados son tres: 1) La resolución que da inicio al proceso penal contra Castillo. 2) El informe de sus antecedentes penales. 3) Las requisitorias que pudiera tener a nivel nacional. Esto hizo sonar todas las alarmas, pues puede ser un indicio razonable de su liberación.
Pedro Castillo cumple una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Si no logra su excarcelación vía un indulto o derecho de gracia, tendrá que cumplir su condena hasta el 21 de mayo del 2034.
