La independencia institucional no convierte al Poder Judicial en territorio sagrado ni lo exonera de rendir cuentas.
La ceremonia por el Día del Juez reunió ayer a dos presidentas y terminó pareciéndose menos a un acto protocolar que a un duelo con toga. Keiko Fujimori habló de procesos lentos, corrupción, transparencia y modernización. Janet Tello respondió denunciando ataques, diatribas e intentos de amedrentamiento. Todo con sonrisas institucionales, palabras cuidadosamente medidas y los cuchillos discretamente sobre la mesa.
Defender la independencia judicial es indispensable. Convertirla en escudo contra cualquier crítica es otra cosa. Porque el Poder Judicial que dirige la doctora Tello está muy lejos de funcionar de maravilla. Lo saben los abogados, los litigantes y, sobre todo, los ciudadanos condenados a esperar años por una sentencia que, cuando finalmente llega, a veces ya no sirve.
La justicia peruana arrastra una pesada carga procesal, corrupción, fallos contradictorios, provisionalidad y magistrados cuya preparación o imparcialidad despierta dudas legítimas. La propia presidenta del Poder Judicial ha reconocido que casi la mitad de los jueces son provisionales o supernumerarios. No parece precisamente el retrato de una institución que pueda declararse inmune a una reforma profunda.
También hemos visto prisiones preventivas convertidas en condenas anticipadas, aplicadas con severidad selectiva y luego corregidas por el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales. Algunos jueces parecen implacables frente a determinados procesados y sorprendentemente comprensivos frente a otros. La venda de la justicia, a ratos, parece transparente.
A ello se suma la penetración política e ideológica. Organizaciones no gubernamentales capacitan magistrados, operadores disfrazan militancia de interpretación jurídica y algunos jueces convierten el control difuso en salvoconducto para desconocer leyes vigentes. La independencia judicial no puede significar que cada magistrado gobierne desde su despacho ni que sustituya al legislador según sus preferencias.
Tello tiene razón al rechazar amenazas de destitución y presiones políticas. Pero se equivoca si supone que toda demanda de reforma es una embestida autoritaria. Antes de rasgarse la toga, convendría una dosis seria de autocrítica.
No se trata de someter al Poder Judicial al Ejecutivo ni al Congreso. Se trata de extirpar la corrupción, profesionalizar la magistratura, reducir la provisionalidad, acelerar los procesos y devolver a la prisión preventiva su naturaleza verdaderamente excepcional.
Y hacerlo sin privilegios, padrinazgos ni reflejos corporativos.
La independencia judicial no se fortalece ocultando las grietas, sino corrigiéndolas. Un poder que exige respeto también debe merecerlo. Y mientras la justicia siga defendiendo sus fueros con más energía de la que emplea en corregir sus vicios, la mayor amenaza contra ella no vendrá del Ejecutivo ni del Congreso. Seguirá sentada, con toga y expediente, dentro de sus propios tribunales.
