Sánchez no busca justicia electoral. Busca una rendija, una excusa o una tribuna desde donde convertir su derrota en conspiración.
Roberto Sánchez parece haber encontrado una forma muy particular de contar votos. Si lo favorecen, son expresión soberana del pueblo. Si lo superan, son materia sospechosa. Así, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en una ruleta emocional donde solo vale el resultado que lo beneficia.
La escena inicial no debería olvidarse. Hubo celebración, hubo balconazo, hubo gesto de ganador antes de tiempo. No era prudencia republicana. Era hambre de proclamación. Pero cuando el conteo oficial siguió su curso y Keiko pasó adelante, el brindis se volvió denuncia y la sonrisa de ganador terminó convertida en pose de víctima.
Desde entonces, Sánchez y Juntos por el Perú han ensayado casi todo. Nulidades de mesas en Lima, cuestionamientos a las tasas electorales, apelaciones ante el JNE, ataques al voto exterior, denuncias por supuesta ruptura de custodia, acción de amparo contra la votación en consulados, denuncia constitucional contra el canciller y pedido de nulidad de votos en 119 oficinas consulares. Un menú completo para no admitir lo elemental. Perdió por poco, pero perdió.
Y ese es el punto que su relato intenta esconder. La ley electoral no funciona por ansiedad política ni por volumen de micrófono. No basta envolver una derrota en palabras graves para convertirla en causa jurídica. Fraude no es una impresión. Nulidad no es una rabieta documentada. Impugnación no es licencia para dinamitar un proceso cuando las cifras dejan de sonreír.
Cada recurso ha ido revelando menos solidez legal y más desesperación política. Si una puerta no abre, se golpea otra. Si el JEE no concede, se escala al JNE. Si el sistema electoral resiste, se mira al Poder Judicial. Si la vía judicial no basta, se acude al Congreso. Y si las instituciones no obedecen, se amenaza con la calle y con desconocer al gobierno que resulte proclamado.
Eso no es fiscalización. Es presión por capas. Es intentar vestir de legalidad una operación política destinada a erosionar el resultado.
Sánchez tenía derecho a reclamar. A lo que no tiene derecho es a convertir cada revés procesal en prueba de complot. Tenía derecho a impugnar. A lo que no tiene derecho es a sembrar la idea de fraude sin mostrar el cuerpo del delito. Tenía derecho a perder. A lo que no tiene derecho es a arrastrar al país detrás de su incapacidad para aceptarlo.
Una democracia madura no se mide cuando el candidato gana. Se mide cuando pierde y obedece las reglas que juró respetar. Sánchez, en cambio, parece decidido a probar que para él la voluntad popular solo existe cuando lo aplaude.
Si tiene pruebas, que las ponga sobre la mesa. Si no las tiene, que deje de intoxicar el proceso. Porque quien no puede demostrar fraude, pero insiste en gritarlo, no está defendiendo votos. Está fabricando una mentira política para que su derrota parezca robo y su berrinche parezca causa nacional.
El fondo de todo esto es brutal. Sánchez no solo intenta desconocer una derrota. Intenta sembrar en los más desposeídos la idea de que también fueron despojados. Les dice, sin pruebas, que les robaron la voluntad para transformar pobreza en resentimiento, incertidumbre en furia y derrota electoral en combustible de calle. Es una irresponsabilidad feroz. Y si esa mentira prende, ya no la apagará quien la encendió.
