No deja reformas. Deja una factura explosiva para el próximo gobierno.
No era suficiente con haber degradado la política, envilecido el debate público y convertido la majestad del Congreso en una fábrica de descrédito. Faltaba el acto final. El último gesto de un Parlamento que ha hecho del populismo una rutina, de la corrupción un hábito y de la irresponsabilidad una doctrina.
Ese acto final ya está en marcha. Consiste en aprobar, a puertas del proceso electoral, una cascada de normas con enorme costo fiscal, sin financiamiento serio, sin visión de Estado y sin el menor reparo por las consecuencias. No están legislando. Están rifando la caja aun cuando se supone que no tienen iniciativa de gasto. El Consejo Fiscal presidido por el ex ministro de Economía, Alonso Segura, reportó 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2025, de las cuales 101 fueron promulgadas por insistencia, con un costo estimado de S/ 35.795 millones. Además, advirtió que solo las diez iniciativas más costosas aún en cartera podrían añadir alrededor de S/ 25 mil millones por año.
Las cifras retratan mejor que cualquier adjetivo el tamaño del despropósito. El aumento de pensiones para maestros jubilados y cesantes carga al Estado con miles de millones anuales. No se trata de una presión marginal, sino de una bomba fiscal de gran escala. El cálculo inicial del MEF hablaba de S/ 5 mil millones, pero estimaciones posteriores elevan ese costo a más de S/ 8 mil millones al año. El Congreso la presentó como un acto de justicia. Lo que no dijo es quién la paga, con qué fuente permanente y a costa de qué otras prioridades.
La ampliación de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS añade entre S/ 2.800 millones y S/ 3.050 millones anuales adicionales, según estimaciones del MEF y del Consejo Fiscal. El pase o regularización de CAS-COVID en salud se ha estimado en cerca de S/ 944 millones anuales en iniciativas equivalentes evaluadas por el propio Consejo Fiscal.
A eso se suma la reforma previsional de la Caja Militar y Policial, cuyo costo fue estimado por el Ejecutivo en S/ 14.851 millones en valor presente. No estamos hablando de beneficios aislados. Estamos hablando de obligaciones permanentes que hipotecan presupuestos futuros, de rigideces que estrangulan al siguiente gobierno, de una política de aplauso instantáneo y ruina diferida.
Eso tiene nombre. Populismo fiscal. La vieja trampa de regalar hoy lo que otro tendrá que pagar mañana. Pero aquí hay algo todavía peor. La sospecha de método. La tentación de dejar un campo minado justo antes del relevo político. Que el próximo gobierno reciba una caja exprimida, un déficit más presionado, una deuda más pesada y menos margen para invertir en seguridad, salud, infraestructura o educación de calidad.
No sería solo incompetencia. Rozaría con el sabotaje político.
El mandamás del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha advertido que estas leyes recientes del Congreso ponen en riesgo la estabilidad fiscal y que perder el equilibrio macroeconómico afecta crecimiento, empleo y servicios básicos. Alonso Segura fue aún más directo al hablar de un ‘descarrilamiento fiscal inminente’ y de finanzas públicas cada vez más debilitadas por estas decisiones parlamentarias. Cuando el presidente del BCR y un exministro de Economía coinciden en que se está jugando con fuego, lo mínimo exigible sería prudencia. Este Congreso ha elegido, en cambio, la pirotecnia.
Que nadie se engañe. Esto no es sensibilidad social. Sensibilidad social sería financiar bien, priorizar bien y sostener bien. Esto es demagogia con calculadora electoral. Es fabricar titulares de corto plazo y dejar cráteres de largo plazo. Es repartir derechos sin sustento para cobrar políticamente hoy y trasladar el costo a millones de peruanos mañana.
Al final, este Congreso quiere irse con pose de benefactor. Pero la historia probablemente lo recordará de otra manera. Como lo que fue durante este lustro y en su tramo final. Un Parlamento que, después de fallarle al país en casi todo, decidió además dejarle una bomba fiscal con la mecha encendida y el país sentado encima.
