El presupuesto adelgaza servicios esenciales mientras el aparato estatal sigue ganando peso.
El Presupuesto Público 2027 tiene la extraordinaria habilidad de prometer una cosa y financiar otra. El Gobierno anuncia seguridad, descentralización y cierre de brechas, pero, cuando abre la billetera, aparecen otras prioridades: menos Policía, menos salud, menos saneamiento y más gasto corriente. Una pirueta contable que pretende vender austeridad fiscal mientras protege el apetito insaciable del Estado.
La cifra impresiona: S/266.506 millones, casi S/9.000 millones más que en 2026. Presentada así, parece que el país hubiera encontrado petróleo debajo de Palacio. Sin embargo, el gasto corriente aumenta 6,6% y el gasto de capital cae 1,1%. Dicho sin anestesia, crece el dinero para mantener funcionando la maquinaria pública y disminuye el destinado a construir, equipar y transformar.
El Estado se sirve primero y deja las sobras para el ciudadano.
La contradicción más escandalosa está en seguridad, la principal promesa del Gobierno y la mayor angustia de los peruanos. Mientras las familias pagan cupos, cierran negocios o entierran víctimas, la función Orden Público y Seguridad pierde alrededor de S/520 millones. El programa destinado a reducir los delitos también retrocede y el presupuesto del Ministerio del Interior disminuye aproximadamente S/519 millones.
Eso sí, habrá discursos firmes, operativos televisados y militares cuidadosamente alineados para la fotografía. Cuando falta presupuesto, siempre sobra escenografía.
Ahora bien, recortar no significa necesariamente abandonar. También puede ser una forma de corregir el derroche. Diversas entidades y algunos gobiernos regionales han demostrado que pueden tener millones disponibles y, aun así, no ejecutar, ejecutar tarde o ejecutar mal. Entregar más dinero a quien no sabe convertirlo en servicios es alimentar el fracaso.
Pero, si esa es la lógica del Gobierno, deberá demostrarla partida por partida, fijar metas, exigir resultados y retirar recursos a la grasa administrativa. La eficiencia no puede ser el nombre elegante de una poda improvisada.
Salud pierde S/680 millones; saneamiento, casi S/1.900 millones; y vivienda, más de S/1.000 millones. Son cifras difíciles de explicar en un país donde conseguir una cita médica puede tomar meses y millones de ciudadanos todavía esperan agua potable.
Educación crece apenas 0,7%, un aumento tan pequeño que la inflación podría tragárselo antes del primer día de clases. Los gobiernos regionales reciben menos, aunque las municipalidades concentran un fuerte incremento. Descentralizar no consiste simplemente en mudar el dinero de ventanilla, sino en conseguir que llegue convertido en obras.
Mientras tanto, aumentan remuneraciones, gratificaciones y obligaciones laborales del aparato público. Algunas mejoras pueden ser legítimas, pero la pregunta permanece: ¿se está financiando un Estado más eficiente o simplemente uno más caro?
La oposición ya encontró la herida y meterá el dedo, unas veces con razones y otras con oportunismo. El Ejecutivo deberá explicar por qué llama prioridad a aquello que recorta y cómo piensa obtener mejores resultados con menos recursos.
Un presupuesto revela al Gobierno mejor que cien discursos. Aquí la retórica mira al ciudadano, pero el dinero parece mirar hacia adentro. El país pide seguridad, hospitales, agua y prevención. La burocracia responde pasando la bandeja.
Y, como de costumbre, se sirve primero.
