José Domingo Pérez vuelve a escena no como fiscal, sino como pieza política de una campaña. La pregunta ya no es qué piensa decir en el debate técnico, sino qué autoridad moral tiene para hablar de reforma judicial quien dejó tras de sí sanciones, anulaciones, cuestionamientos y una no ratificación.
Durante años, José Domingo Pérez fue presentado como el símbolo de una nueva justicia. El fiscal valiente, el perseguidor de corruptos, el hombre al que no le temblaba la mano frente al poder. Pero el tiempo, los expedientes y las decisiones institucionales fueron desmontando esa coartada heroica con una paciencia implacable.
Su historia ya no puede contarse solo desde los aplausos de cierta prensa ni desde la narrativa del héroe anticorrupción. También debe contarse desde sus sanciones por declaraciones de contenido político, desde los tropiezos procesales del caso Cócteles, desde las acusaciones observadas, las anulaciones, los cuestionamientos al debido proceso y, finalmente, desde su no ratificación por la Junta Nacional de Justicia. Ese dato no es menor. Un sistema de justicia serio no solo evalúa intenciones. Evalúa solvencia, equilibrio, conducta funcional y confianza institucional.
Por eso su incorporación al equipo técnico de Roberto Sánchez no es un simple fichaje electoral. Es una contradicción de fondo. ¿Qué clase de reforma de justicia puede ofrecer alguien cuya propia trayectoria terminó marcada por sanciones, cuestionamientos, anulaciones y no ratificación? ¿Con qué autoridad se propone corregir el sistema quien terminó convertido en uno de sus casos más discutidos?
El problema no fue que Pérez investigara a Keiko Fujimori o a Fuerza Popular. Ese era su trabajo. El problema fue el modo. La justicia no puede depender del temperamento de un fiscal, de su necesidad de protagonismo ni de su capacidad para convertir cada revés procesal en una teoría de persecución. Un fiscal puede ser firme. Lo que no puede es reemplazar la objetividad por obsesión, ni convertir el Ministerio Público en tribuna personal.
Después vino el sinceramiento político. Pérez dejó la fiscalía, asumió la defensa de Pedro Castillo y se integró al entorno de Roberto Sánchez. El tránsito es revelador. De perseguidor de expedientes pasó a defensor de causas políticas. De fiscal mediático a operador de campaña. De magistrado cuestionado a supuesto técnico de una reforma judicial.
Y ahora llega al debate técnico del domingo entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Allí debería discutirse justicia, institucionalidad y Estado de derecho. Pero con Pérez en escena, la pregunta inevitable es otra. ¿Veremos propuestas serias o el viejo repertorio de agravios, medias verdades y victimismo? ¿Veremos a un técnico o a un podcaster con expediente emocional? ¿Veremos reforma o ajuste de cuentas?
El problema ya no es solo José Domingo Pérez. El problema es que una candidatura presidencial pretenda vender como reforma de justicia lo que parece, más bien, un ajuste de cuentas presentado como política pública. Porque cuando un fiscal pierde la distancia institucional, puede perder el cargo. Pero cuando una campaña lo convierte en bandera, el riesgo ya no es personal. Es político, judicial y democrático.
