Creen que pueden votar por el incendio y apagarlo después con una vacancia. No es ingenuidad. Es la coartada moral de quienes necesitan convencerse de que el riesgo que impondrán al país será reversible.
Hay una frase que se ha convertido en el nuevo sedante moral de cierto antifujimorismo peruano. ‘Si Roberto Sánchez se radicaliza, el Congreso lo vaca’. Lo dicen políticos, periodistas, analistas y opinólogos con una tranquilidad casi terapéutica. Como si hubiesen descubierto una cláusula de seguridad histórica. Como si América Latina no hubiese visto esta película demasiadas veces.
La teoría de la vacancia no solo es ingenua. También parece un mecanismo psicológico de autojustificación.
Porque en el fondo muchos sospechan perfectamente lo que está en juego. Saben que ciertos proyectos políticos no llegan al poder para administrar el sistema, sino para capturarlo. Pero necesitan convencerse de que existe un botón de emergencia institucional para sentirse moralmente cómodos con la decisión que están tomando.
La pregunta incómoda es otra. ¿De verdad se creen lo que dicen? ¿O necesitan creérselo?
Porque basta revisar la historia reciente de la región para entender cómo funcionan estos procesos.
Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones y luego impulsó una Asamblea Constituyente para desmontar progresivamente la democracia venezolana desde dentro. Evo Morales utilizó un camino similar en Bolivia bajo el relato de la ‘refundación’ y el Estado plurinacional. Daniel Ortega terminó convirtiendo Nicaragua en una dictadura familiar mientras muchos todavía repetían que había llegado democráticamente.
Ninguno apareció anunciando que destruiría las instituciones. Todos hablaron de transformarlas, democratizarlas o refundarlas.
Por eso resulta tan inquietante revisar el plan de gobierno de Juntos por el Perú. La asamblea constituyente no aparece como un detalle marginal. Es uno de los ejes centrales del proyecto político. Y la experiencia latinoamericana demuestra que estos procesos rara vez buscan mejorar la democracia liberal. Buscan reemplazarla por otra cosa.
Hoy, sin embargo, el camino formal no es tan simple como gritar ‘referéndum’ desde un balcón. La Constitución exige pasar por el Congreso para una reforma constitucional, y con la bicameralidad el trámite se vuelve más exigente. Además, la Ley 31399 reforzó el candado contra el referéndum directo en materia de reforma constitucional, y el Tribunal Constitucional validó esa regla al declarar infundada la demanda presentada contra dicha ley. Es decir, dentro del marco vigente, el referéndum no puede usarse como atajo presidencial para cambiar la Constitución. Debe pasar por el Congreso.
Existen candados, sí. Pero los candados no eliminan el riesgo. Solo obligan a buscar la ganzúa.
Esa ganzúa puede tomar tres formas. La primera, la vía formal. Ganar, negociar o armar una mayoría suficiente en ambas cámaras para habilitar una asamblea constituyente con apariencia de legalidad. La segunda, la vía de la presión. Incendiar la calle, desacreditar al Congreso, fabricar una crisis y presentar el referéndum como única salida democrática. La tercera, la vía del choque. Invocar un supuesto ‘poder constituyente popular’ para intentar pasar por encima de la Constitución vigente y convertir la ruptura en mandato.
El libreto es conocido. Primero se desacredita el sistema vigente. Luego se promueve la idea de una nueva Constitución. Después se concentra poder en el Ejecutivo, se colonizan instituciones y se neutralizan contrapesos.
Y aun así, parte de la clase política, un sector de la prensa y varios opinólogos caviares siguen hablando de la vacancia como si fuese un paracaídas infalible.
Esa fantasía, además, ignora otro cambio decisivo. Con el retorno de la bicameralidad, el próximo Congreso tendrá Cámara de Diputados y Senado. La vacancia presidencial ya no será solamente una operación de correlación en una cámara única. En el nuevo diseño, requeriría una mayoría calificada en Diputados (87) y luego en el Senado (40). La Ley 31988 restableció la bicameralidad y prevé su aplicación desde las elecciones generales de 2026.
Entonces la advertencia es más seria. No se trata de decir que una asamblea constituyente sea jurídicamente sencilla ni inevitable. Se trata de entender que un proyecto refundacional puede intentar abrirse paso por la mayoría parlamentaria, por la presión de la calle o por el choque institucional. Y que, una vez instalado en el poder, el cálculo de ‘lo vacamos después’ puede convertirse en una ilusión demasiado costosa.
Como si las alianzas con Antauro Humala, los vínculos y simpatías con sectores radicales, el chavismo o el MAS de Evo Morales fueran simples anécdotas electorales y no señales evidentes del rumbo ideológico del proyecto.
Tal vez allí radique la verdadera tragedia.
No en que no comprendan el peligro, sino en que creen poder administrarlo. Jugar con él. Domarlo. Usarlo momentáneamente para satisfacer su antifujimorismo y luego retirarlo del poder cuando les resulte incómodo.
La historia regional está llena de personas que también pensaron que controlaban el incendio.
Hasta que terminaron consumidas por él.
