Durante veinticinco años nos vendieron una promesa moral: derrotar al fujimorismo para salvar la democracia. El resultado fue otro. Una casta que usó la indignación como escalera, la memoria como garrote y la decencia como disfraz.
¿Qué nos ha traído realmente el antifujimorismo?
No se trata de negar los delitos, abusos y sombras del régimen de Alberto Fujimori. Hubo corrupción, autoritarismo, compra de medios, manipulación política y una red oscura alrededor de Vladimiro Montesinos. Eso está en la historia y no necesita maquillaje.
Pero la historia completa exige algo más que repetir consignas. Fujimori gobernó un país quebrado por la hiperinflación, sitiado por el terrorismo, con la economía en ruinas y el Estado en colapso. En ese contexto, estabilizó la economía, derrotó estratégicamente a Sendero Luminoso y al MRTA, y reencauzó a un Perú que parecía condenado al despeñadero. Se puede condenar lo condenable sin borrar lo evidente.
El problema empezó cuando, desde el 2001, el antifujimorismo dejó de ser una posición crítica y se convirtió en identidad política, superioridad moral y negocio electoral. Ya no bastaba con señalar los delitos del régimen. Había que negar todo, demonizar todo y convertir cualquier matiz en complicidad. Así nació una religión civil con sacerdotes, herejes y santos de barro.
El primer gran ícono fue Alejandro Toledo. El canillita de Cabana, el líder de la Marcha de los Cuatro Suyos, el hombre que se vendió como retorno de la democracia y reserva moral frente al fujimorismo. El Perú quiso creer. Necesitaba creer. Pero el símbolo terminó condenado por corrupción. El redentor terminó en prisión.
Luego vino una larga procesión de personajes que construyeron carrera política a punta de antifujimorismo. Desde la izquierda radical, el progresismo limeño, el caviarismo de café, la academia y el activismo oenegero, levantaron una superioridad moral que parecía no necesitar resultados. Bastaba saber contra quién estaban. Verónika Mendoza, Marco Arana, Marisa Glave, Indira Huilca, Mirtha Vásquez y tantos otros encontraron allí una marca, una tribuna y una coartada.
Alan García, en su segundo gobierno, fue un fenómeno más complejo. Tuvo claroscuros, investigaciones y sombras. Pero también condujo uno de los periodos de mayor crecimiento económico sostenido de la República. Ese dato incomoda porque rompe el libreto. En el Perú la política exige caricaturas. O santo o demonio. Pero la historia rara vez cabe en pancartas.
Después llegaron Ollanta Humala y Nadine Heredia. Otra vez el discurso moral. Otra vez la promesa de no ser como los anteriores. Y otra vez la caída. El gobierno marital que decía representar una nueva ética terminó con ambos condenados por lavado de activos. La prédica anticorrupción volvió a necesitar abogado penalista.
Susana Villarán fue otro símbolo perfecto del engaño moral. Lavó banderas, habló de ética y se presentó como la Lima decente frente a la vieja política. Luego su gestión quedó atrapada en el caso Odebrecht y OAS, con presuntos aportes ilegales para financiar la campaña contra la revocatoria y su reelección. La decencia terminó sentada en el banquillo.
En 2016 apareció Pedro Pablo Kuczynski, el tecnócrata global, el adulto responsable. Duró poco. Odebrecht también lo alcanzó por sus vínculos empresariales cuando fue funcionario y ministro del gobierno de Toledo. Renunció en medio de una crisis que fracturó aún más la transición democrática.
Luego asumió Martín Vizcarra, quizá el producto más acabado de esa maquinaria moral. Llegó por sucesión, se presentó como adalid anticorrupción, confrontó al Congreso dominado por el fujimorismo y terminó cerrándolo bajo una figura discutida. Gobernó con aplausos de buena parte de la prensa y sectores progresistas. Pero el héroe también tenía sótano. Fue acusado y condenado en primera instancia por coimas vinculadas a obras cuando fue gobernador regional de Moquegua.
Después vino Pedro Castillo. El maestro rural. El símbolo del Perú profundo. En realidad, su gobierno fue una mezcla de improvisación, operadores informales, sectarismo y presuntas redes de corrupción. Sarratea se convirtió en metáfora de un poder paralelo. Cuando el cerco político y fiscal se cerró, intentó un golpe de Estado. Fracasó.
Dina Boluarte heredó el poder por sucesión constitucional y terminó atrapada por protestas, represión, frivolidad, escándalos y deterioro político. Luego asumió José Jerí, quizá sin el antifujimorismo como credo público, pero también envuelto en sombras del poder. La regla amarga volvió a confirmarse. En el Perú, el problema no era solo quién odiaba a Fujimori, sino quién llegaba al Estado para servirse de él.
Así llegamos a abril de 2026, con un nuevo ocupante de Palacio que no merece ni apellido en esta historia. La política peruana ya no produce liderazgos. Apenas administra reemplazos. Aun así, el país celebró elecciones generales en primera vuelta para elegir al próximo presidente. Y Keiko Fujimori ya está en el balotaje por cuarta vez. Al frente asoma Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo, con cuestionamientos por su paso por el Mincetur. Después de veinticinco años de antifujimorismo militante, el Perú vuelve a discutir alrededor del mismo apellido.
¿Qué nos dejó el antifujimorismo?
Nos dejó una política organizada alrededor del odio. Nos acostumbró a reemplazar ideas por enemigos. Nos enseñó que bastaba con ser antifujimorista para presentarse como decente, democrático, moderno y honesto.
Nos dejó hipocresía. Quienes hicieron carrera denunciando la corrupción fujimorista terminaron, demasiadas veces, presos, condenados, investigados, fugados, asilados, procesados o políticamente demolidos por prácticas similares a las que decían combatir.
Nos dejó doble moral. Una vara para los enemigos y otra para los amigos. Si el abuso venía del adversario, era dictadura. Si venía del aliado, era defensa de la democracia.
El Perú no necesita canonizar a Fujimori. Tampoco seguir preso del antifujimorismo. Necesita madurez para decir dos verdades al mismo tiempo. Que los noventa tuvieron corrupción y autoritarismo. Y que muchos de quienes prometieron superarlos reprodujeron sus peores vicios con mejor discurso, mejores ONG, mejores columnas y mejor barniz moral.
Nos prometieron memoria y nos dieron resentimiento. Nos prometieron democracia y nos dieron demolición institucional. Nos prometieron decencia y nos dieron expedientes fiscales.
¿Qué nos trajo el antifujimorismo?
Una coartada. Una excusa emocional para que una generación de políticos viviera de combatir un fantasma mientras saqueaba, dividía o empobrecía el presente.
Y quizá por eso el Perú llega a 2026 como llega: cansado, fragmentado y desconfiado. No porque Fujimori no haya dejado heridas. Las dejó. Sino porque quienes prometieron curarlas descubrieron que era más rentable mantenerlas abiertas.
Después de veinticinco años de relato, el país tiene una oportunidad distinta. No para olvidar, sino para mirar la historia sin anteojeras. No para repetir consignas, sino para decidir con criterio. Que el voto no nazca del odio ni del mito, sino de la realidad.
