Cuando la política deja de incomodarse, lo inaceptable deja de escandalizar.
Alguna vez se dijo, con una crudeza que incomodó a muchos, que el Perú era un país donde las normas se violaban con demasiada facilidad. Quizá la frase fue excesiva. O quizá fue, simplemente, prematura. Hoy, vista a la luz de lo que hemos tolerado, resulta menos exagerada de lo que quisiéramos admitir.
Lo preocupante no es la existencia de casos. Ninguna sociedad está exenta de ellos. Lo verdaderamente inquietante es la forma en que la política peruana ha aprendido a procesarlos, o, para ser más precisos, a digerirlos sin atragantarse.
El punto de quiebre fue el caso de Freddy Díaz, excongresista de este Parlamento. Aquí no hay discusión posible. Denuncia, proceso y condena a 13 años y 4 meses por violación sexual. Es decir, no estamos ante un señalamiento en disputa, sino ante un hecho acreditado judicialmente. Y, aun así, durante un tiempo relevante, el sistema político convivió con él. No hubo una reacción inmediata de expulsión moral, sino una incómoda administración del problema. Incluso en ese contexto, aparecieron voces que pedían prudencia, que sugerían matices, que advertían sobre el riesgo de excesos, como si la cautela debiera operar incluso frente a lo ya probado.
Después vino el caso de Jorge Torres Saravia, operador ‘acuñista’ clave del Congreso. Denuncia por presunta violación sexual, con audios incluidos, archivo inicial y reaparición posterior. El expediente puede tener idas y vueltas, pero el comportamiento político es constante. La duda se convierte en refugio. Siempre hay alguien dispuesto a relativizar, a insinuar, a desplazar el foco hacia quien denuncia. No se discute el hecho. Se discute la credibilidad de la víctima.
El caso del congresista y luego encargado de la Presidencia de la República, José Jerí, siguió una ruta distinta en lo judicial, pero similar en lo político. Denuncia pública, investigación fiscal y archivo. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, cerró el capítulo. La política, en cambio, dejó expuesto otro fenómeno. La rapidez con la que ciertos sectores se activan para desacreditar la denuncia desde el primer momento. Antes de conocer los hechos, antes de que el sistema actúe, ya hay un veredicto informal, y casi siempre apunta en la misma dirección.
Algo parecido ocurre cuando resurgen antecedentes como el del recientemente reemplazado ministro de Educación, Castillo Vera, con una denuncia archivada por presunto delito contra la libertad sexual. El expediente está cerrado. Pero la pregunta política sigue vigente. ¿Basta con no tener condena para cumplir con el estándar que debería exigirse a quien ejerce poder? La respuesta, en la práctica, parece ser afirmativa.
El episodio más reciente, el del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, confirma que el patrón no solo persiste, sino que se ha perfeccionado. Denuncia pública por presunta violación sexual, referida a hechos antiguos, ocurridos entre una menor de 16 años y un adulto de 47. No existe, hasta ahora, investigación ni resolución. La historia está en curso. Pero la reacción ya es reconocible.
El presidente Balcázar ha optado por el respaldo silencioso. No ha hecho de la defensa un discurso, pero sí una decisión. Mantener al ministro en el cargo es, en política, una forma clara de pronunciarse.
Desde el Congreso, Eduardo Salhuana ha ensayado una prudencia condicionada. Ha señalado que corresponde al ministro aclarar los hechos y que, de no hacerlo, el gobierno deberá tomar decisiones. Una posición que parece equilibrada, pero que traslada el peso del problema hacia el tiempo y el proceso. Ya sabemos cómo termina eso.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comandada por Luis Arroyo, ha optado por una fórmula conocida. No confrontar, no profundizar, no incomodar. Administrar la crisis sin asumir una postura explícita. Dejar que los hechos transiten sin alterar el equilibrio del gabinete.
¿O es que, en un país donde economías informales como la minería ilegal mueven millones y presionan en múltiples niveles, los intereses que sostienen a un ministro en el cargo, pese a todo, terminan pesando más que la propia noción de moral pública?
Tres respuestas distintas. Un mismo resultado. La política no se detiene. Se acomoda.
Lo que estos casos revelan no es solo un problema de personas. Es un problema de cultura política. Una que ha dejado de filtrar, que no previene y que, sobre todo, ha aprendido a justificar.
Porque hoy no solo se tolera. Se explica. Se contextualiza. Se racionaliza. Y se defiende.
Y cuando una sociedad empieza a explicar lo que antes la indignaba, el deterioro ya no es episódico. Es estructural.
La pregunta ya no es cómo llegaron. La pregunta es más incómoda.
¿En qué momento dejamos de exigir lo mínimo… y empezamos a aceptar lo inaceptable como parte del paisaje?
