Mientras el 79% reclama cooperación, cuatro bancadas abandonan el debate. Su propuesta contra la inseguridad parece empezar por asegurar la parálisis.
La oposición encontró una manera de discutir sin exponerse a perder una votación. Levantarse de la mesa. El jueves 15 de octubre, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras abandonaron la Comisión de Constitución del Senado y frustraron el debate de las facultades legislativas. Afuera reclamaron democracia. Adentro dejaron las sillas como argumento.
El contraste resulta demoledor. Según la encuesta de Ipsos para Perú21, el 79% quiere un Congreso que coopere con el Gobierno y fiscalice. Cooperar no significa obedecer. Fiscalizar tampoco significa inmovilizar. Estas cuatro bancadas parecen haber descubierto una tercera función parlamentaria. Conseguir que nada avance y presentar la inacción como una victoria del país.
Keiko Fujimori tiene 40% de aprobación. Ambas cámaras apenas alcanzan 25%. Nadie recibió un cheque en blanco. Menos aún quienes confunden una curul con una barricada. La encuesta reclama colaboración institucional, no adhesión al Ejecutivo.
El artículo 105 de la Constitución permite al Senado aprobar o modificar lo remitido por Diputados. Invocar la prohibición de desnaturalizar una propuesta exige explicar qué incorporación altera su objeto y por qué. Convertir toda modificación en sacrilegio equivale a instalar una segunda cámara para prohibirle pensar.
Los siete puntos adicionales deben examinarse individualmente. Si alguno excede las materias autorizables, se cuestiona, se corrige o se rechaza. Tampoco el oficialismo puede exigir que sus añadidos se acepten sin discusión. La puerta de salida no reemplaza una argumentación constitucional.
Pero el artículo 105 contiene otra consecuencia decisiva. Vencido el plazo de revisión del Senado, el presidente del Congreso remite al Ejecutivo la autógrafa aprobada por Diputados. El texto sigue hacia su eventual promulgación sin las modificaciones que la Cámara Alta hubiera podido aprobar. No equivale a una votación favorable del Senado. Equivale a que su revisión ya no detenga el trámite.
Ahí podría estar la estrategia. Dejar correr el plazo para que prevalezca intacto el texto de Diputados. Es una hipótesis política, pero el incentivo resulta evidente. Conseguir mediante la dilación lo que se pretende imponer al oficialismo y a Renovación Popular. El reloj convertido en un voto que nadie tiene que explicar.
Decir que el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley no resuelve la urgencia. Usarlo para justificar el bloqueo convierte una vía legislativa válida en una coartada para postergar decisiones.
Mientras tanto, el debate quedó suspendido hasta nuevo aviso. Sin fecha ni hora. Los peruanos siguen siendo extorsionados y asesinados, y El Niño se acerca. La urgencia tiene víctimas; la suspensión, ningún plazo anunciado.
El Senado no fue elegido para certificar fotocopias. Quien tenga razones, que las defienda sentado y vote. Porque el costo de este chantaje no se queda en las sillas vacías. Se lo trasladan a un país que sigue esperando respuestas.
