La ley exige pruebas, no recuentos bajo chantaje. Sánchez no defiende el voto, maquilla de sospecha su miedo al resultado.
Cuando la ley no alcanza, aparece el espectáculo. Y cuando los votos ya no sonríen, algunos descubren de pronto la pureza electoral. Eso es lo que intenta Roberto Sánchez al emplazar a Keiko Fujimori desde una conferencia de prensa, como si la democracia se administrara por presión mediática y no por reglas escritas.
El argumento suena fácil para la tribuna. Pidamos recuento. Revisemos mesas. Que nadie se oponga si no tiene nada que ocultar. Pero la ley electoral no funciona con frases de barricada ni con chantajes emocionales. Funciona con causales, plazos, pruebas y procedimientos.
La Constitución es clara. El escrutinio es público, se realiza en la mesa de sufragio y solo puede revisarse en casos de error material o impugnación conforme a ley. No dice que pueda revisarse porque un candidato perdió la ventaja, porque el margen es estrecho o porque una conferencia de prensa necesita titulares.
La Resolución N.º 0182-2025-JNE y la Ley Orgánica de Elecciones siguen esa misma lógica. El recuento de votos procede de manera excepcional. Básicamente, cuando existen actas observadas con errores que no pueden resolverse mediante cotejo, o cuando faltan los ejemplares del acta que permitan computar con certeza. La norma habla de actas sin firmas, ilegibles, incompletas, sin datos o con errores aritméticos. No habla de sospechas genéricas. No habla de patrones estadísticos elevados a verdad revelada. No habla de angustia política disfrazada de defensa democrática.
Otra cosa es pedir nulidad. Eso también está regulado. Puede plantearse si se acredita fraude, cohecho, soborno, intimidación, violencia u otros supuestos expresamente previstos. Pero acreditar no es insinuar. Probar no es indignarse. Y repetir que hay mesas parecidas no convierte una coincidencia numérica en fraude electoral.
Ahí se cae el libreto. Sánchez no está exhibiendo, hasta ahora, una causal sólida mesa por mesa. Está intentando trasladar el debate desde la prueba hacia la presión. Desde el expediente hacia el titular. Desde la ley hacia la sospecha.
La democracia no se defiende anulando mesas incómodas. Se defiende respetando las reglas incluso cuando duelen. El recuento legal corrige errores. La nulidad legal sanciona hechos probados. Pero el recuento político fabrica dudas.
Y si esto es así, el JNE tiene la obligación de poner coto a este despropósito. No para favorecer a nadie, sino para defender la legalidad electoral. Porque una cosa es garantizar el derecho a impugnar y otra muy distinta es permitir que la sospecha sin prueba se convierta en método para torcer la voluntad popular.
