JP y la izquierda lo venden como reconciliación. Pero liberar a Castillo no pacificaría al país. Podría prender una crisis de enormes proporciones.
El posible indulto al golpista Pedro Castillo no es un asunto humanitario. Tampoco es un gesto superior de pacificación nacional. Es una peligrosa operación política que intenta presentar como reconciliación lo que podría terminar siendo impunidad pura y dura. Peor aún, podría convertirse en un arma de desestabilización social.
El primer problema es legal. Para un indulto común se requiere una condena firme. Castillo tiene una sentencia condenatoria que aún está en revisión por haber sido apelada. Para un indulto humanitario se necesita una condición médica grave, real, acreditada, terminal o incompatible con la prisión. Y Castillo, hasta donde se conoce, no está en esa situación. No hay enfermedad terminal. No hay deterioro irreversible. No hay un cuadro médico que justifique una medida excepcional. Lo que sí existe es una intención evidente de instalar una narrativa de víctima, incluso intentando apoyarse en supuestos padecimientos médicos que no parecen resistir mayor contraste.
No sorprende. Castillo ya mostró antes una relación bastante elástica con la verdad. En la huelga magisterial de 2017 quedó grabado aquel tristemente célebre ‘tírate al piso’, como símbolo perfecto de una política basada en la escenificación, la manipulación emocional y el cálculo. Hoy la lógica parece la misma. Si no alcanza la ley, se fabrica humanidad. Si no alcanza el expediente, se invoca pacificación. Si no alcanza la justicia, se apela a la dramatización.
Pero el asunto de fondo es mucho más grave. Pedro Castillo no está preso por haber dado una opinión incómoda ni por liderar una protesta sindical. Está condenado por hechos vinculados al intento de quiebre del orden constitucional. El 7 de diciembre de 2022 pretendió cerrar el Congreso, intervenir el sistema de justicia, apresar a la Fiscal de la Nación, reorganizar instituciones constitucionales y concentrar poder absoluto. No fue una torpeza retórica. Fue un intento fallido de subvertir la democracia desde Palacio de Gobierno. No prosperó no porque faltara intención, sino porque le faltó respaldo de las Fuerzas Armadas.
Premiar ese acto con una gracia presidencial sería un precedente nefasto. Sería decirle al país que intentar romper la Constitución puede tener costo reducido si después aparecen aliados políticos dispuestos a envolver el expediente en palabras nobles. Sería convertir la clemencia en estrategia y la pacificación en salvoconducto.
Además, el golpe fallido no agota el problema Castillo. Está también la sombra de Sarratea, esa sede paralela del poder donde el entonces presidente se reunía de noche, a escondidas, con gorrita y sigilo de pirañita callejero. Allí se tejieron sospechas, gestiones y negocios incompatibles con la investidura presidencial. Castillo no representa solo el símbolo de un golpe fallido. Representa también una forma degradada de ejercer el poder, usando el Estado como botín, refugio y trinchera.
Por eso resulta tan inquietante escuchar al presidente encargado José María Balcázar hablar de indultos, amnistías, pacificación y ‘punto de quiebre’. ¿Qué significa exactamente ese punto de quiebre? ¿Cerrar procesos? ¿Liberar líderes cuestionados? ¿Borrar responsabilidades políticas y penales en nombre de una paz ficticia? La pregunta no es menor. Cuando el lenguaje del poder se vuelve ambiguo, casi siempre algo se cocina lejos de la luz.
La narrativa de JP y de la izquierda es astuta. Primero convierten a Castillo en perseguido. Luego presentan su liberación como condición para la reconciliación nacional. Finalmente, intentan que quien se oponga parezca enemigo de la paz. Pero la paz no se construye premiando a quien quiso dinamitar la democracia. La paz se construye respetando la ley, sancionando responsabilidades y evitando que los violentos aprendan que la presión callejera rinde frutos.
Además, Castillo libre no sería un factor de serenidad institucional. Quien crea que saldría a pedir calma peca de ingenuo o de cómplice. Su perfil político no es el de un pacificador, sino el de un caudillo resentido, vindicativo y dispuesto a incendiar el tablero si no lo dejan mover las piezas. Su liberación podría convertirse en combustible para una movilización radical, especialmente si el próximo gobierno es el de Keiko Fujimori. No sería una válvula de escape. Sería una antorcha lanzada sobre pasto seco.
Balcázar debe entender la dimensión de lo que tiene entre manos. Si concede una gracia sin base legal sólida, no solo estaría tomando una decisión discutible. Estaría asumiendo una responsabilidad histórica, política y eventualmente penal. No puede, a pocos días de dejar el poder, abrir una puerta que el país podría tardar años en cerrar.
Castillo quiso someter a la democracia. No puede ser premiado por no haberlo logrado. El fracaso de un golpe no lo vuelve inocente. La palabra pacificación no puede servir para lavar lo que la Constitución llama ruptura del orden democrático.
Por eso, el eventual indulto no sería un gesto de paz, sino una provocación con sello oficial. No cerraría heridas. Las abriría con cuchillo político. No reconciliaría al país. Lo pondría otra vez al borde del abismo. Y quienes hoy pretendan vender esta gracia como un acto de unidad deberían asumir desde ya el costo de lo que podrían desatar. Porque liberar a Castillo bajo estas circunstancias no sería apagar el incendio. Sería entregarle el fósforo al pirómano, abrirle la puerta de la calle y pedirle al país que rece para que no recuerde cómo se prende la pradera.
