No llevan un mes en sus curules y algunos diputados ya convirtieron la prometida renovación parlamentaria en publicidad engañosa.
Pensábamos que después del peor Congreso unicameral de nuestra historia reciente solo quedaba una dirección posible. Hacia arriba. La bicameralidad prometía mejores filtros, mayor nivel y algo de decoro. No ha pasado un mes y algunos representantes de la izquierda ya descubrieron que debajo del fondo todavía se podía excavar.
Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, abrió la temporada con una denuncia de su expareja por presunta violencia física y psicológica, que provocó su intervención policial y diligencias fiscales inmediatas. Pero había más. Registra sentencias por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar. Y ahora se ha revelado que estuvo preso en el penal de Yanamilla por robo agravado. Su caso deberá pasar por la Comisión de Ética. Llegó a hacer leyes y terminó proporcionándole material de trabajo.
Catherin Palomino, también de JPP, convirtió Barbadillo casi en segunda oficina. Acumuló 61 visitas a Pedro Castillo, varias mientras trabajaba para el Congreso y algunas sin autorización de su jefe. Ya diputada, volvió invocando ‘fiscalización’. Luego aparecieron chats atribuidos a ella con insultos y mensajes contra familiares de Castillo, cuyo contenido y alcances ha negado. Y ayer Cuarto Poder reveló que el taller textil que promocionó como emprendimiento funcionaría sin licencia municipal ni fiscalización de seguridad. Fiscaliza cárceles, pero aparentemente olvidó fiscalizar su propio taller. Notable especialización.
César Tito Rojas completa el cuadro. Sentenciado por violencia psicológica contra su hermana, sancionado por omitir esa sentencia y cuestionado por su vinculación pasada con el Movadef, fue propuesto nada menos que para integrar la Comisión de Ética. JPP terminó retirándolo. Hasta su propia bancada entendió que una cosa es el descaro y otra convertirlo en organigrama.
Harvey Colchado, de Ahora Nación, no solo integra Ética. Es su secretario, mientras la Fiscalía solicita nueve años y cuatro meses de prisión por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica. No está condenado. Pero encargarle examinar la conducta ética ajena mientras enfrenta semejante acusación fiscal exige una gimnasia moral verdaderamente olímpica. En el nuevo Parlamento, hasta las paradojas tienen cargo directivo.
Y Jair Manrique, también de Ahora Nación, protagonizó la disputa por oficinas parlamentarias y ha sido acusado de hostigar a una trabajadora acercándole insistentemente el celular al rostro. Antes había denunciado que el oficialismo le ofreció cargos para atraerlo, aunque se negó a identificar a los ofertantes ‘por respeto’. Curiosa delicadeza. Celular en la cara de una trabajadora, reserva caballeresca para quienes supuestamente trafican cargos.
Y será precisamente la Comisión de Ética la encargada de lidiar con buena parte de este catálogo. La preside Henry Albañil, de Obras, diputado debutante de apenas 35 años y sin experiencia parlamentaria previa. Ha prometido imparcialidad y cero blindajes. Ojalá cumpla. Pero las buenas intenciones no reemplazan oficio, autoridad ni peso político, menos cuando toca juzgar a colegas con semejante equipaje. Mucha responsabilidad para una presidencia que tendrá que aprender mientras arbitra y un secretario, Colchado, que deberá explicar sus propios cuestionamientos.
La bicameralidad debía elevar la valla, no organizar una competencia para pasar por debajo.
Creímos que peor ya no se podía.
La izquierda tardó menos de un mes en desmentirnos.
El sótano tenía sótano.
