El informe no vinculante que recomienda liberar a Pedro Castillo podrá abrir un debate. Lo que no puede abrir es la puerta de su celda.
Hay documentos que defienden derechos. Y hay otros que parecen redactados para corregirle la memoria a todo un país. La opinión de un grupo de expertos vinculado a Naciones Unidas que recomienda la liberación inmediata de Pedro Castillo pertenece, por ahora, a la segunda categoría.
No es una sentencia. No es vinculante. No anula procesos ni reemplaza decisiones judiciales. Es una opinión aprobada en noviembre de 2025 y difundida públicamente varios meses después. Esa distancia entre su emisión y su irrupción en el debate merece una explicación. ¿Por qué un documento de semejante alcance permaneció fuera del radar y apareció convertido en munición política a pocas semanas de la transferencia presidencial del 28 de julio?
Nada de esto surgió por generación espontánea.
En esta historia no pueden dejarse de lado, como si hubieran aparecido por casualidad, los nombres de Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto. Ambos formaron parte de la defensa internacional de Castillo y trabajaron activamente para trasladar su caso fuera de las fronteras peruanas.
Desde 2023, esa defensa argentina desplegó una estrategia sostenida para internacionalizar el proceso. Zaffaroni, antiguo funcionario de un instituto vinculado al sistema de Naciones Unidas y exjuez de la Corte Interamericana, asumió la representación junto con Croxatto. Este último mantuvo contacto con Castillo, recibió una carta manuscrita suya para entregarla al entonces presidente colombiano Gustavo Petro y presentó el caso ante instancias internacionales.
Estos antecedentes no prueban que Zaffaroni o Croxatto hayan participado en la elaboración del dictamen. Tampoco demuestran una coordinación irregular con sus autores. Pero sí evidencian una operación jurídica, política y comunicacional destinada a trasladar el caso desde los tribunales peruanos hacia la arena internacional.
Y esa narrativa encontró eco.
Porque el pronunciamiento presenta como detenido arbitrariamente a quien todos vimos anunciar por televisión la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción. Castillo no fue encarcelado por escribir contra el poder, liderar una marcha o defender una ideología. Fue procesado por intentar quebrar el orden constitucional.
Además, enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Convertirlo en preso político exige borrar demasiados hechos, seleccionar otros y construir un relato donde hubo un intento de golpe.
¿Por qué tanta diligencia con Castillo y tanta tibieza frente a Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde opositores, periodistas y activistas sí han sido encarcelados por desafiar al poder? Allí la persecución no es una interpretación jurídica. Es una política de Estado.
La selectividad alimenta una sospecha legítima. Que este pronunciamiento se parezca menos a una defensa neutral de la legalidad y más a una defensa ideológica cuidadosamente envuelta en lenguaje jurídico.
Y aquí aparece una responsabilidad que no puede diluirse. El presidente encargado José María Balcázar y su ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, no están para administrar presiones ni preparar concesiones de despedida. Están obligados a defender la autonomía de la justicia peruana. Ceder ante un informe no vinculante sería convertir una recomendación extranjera en una orden y una coincidencia política en una capitulación institucional.
Más aún cuando Balcázar no ha descartado públicamente y de forma categórica la posibilidad de conceder un indulto o una gracia presidencial, y el documento reaparece en plena antesala del cambio de gobierno. Tal proximidad no demuestra una maniobra, pero obliga a mirar el calendario con los ojos abiertos.
Castillo tiene derecho a defensa, garantías y debido proceso. Lo que no tiene es derecho a que desde Ginebra le fabriquen una inocencia política que las imágenes del 7 de diciembre destruyen por sí solas.
Balcázar y Jiménez Borra deben recordarlo. El poder que administran es temporal, pero el precedente de doblegar al Estado puede permanecer durante décadas.
Y si algunos expertos desean convertirse en la conciencia jurídica de América Latina, podrían comenzar golpeando con la misma fuerza las puertas de La Habana, Caracas o Managua, antes de intentar abrir las de la celda de quien intentó cerrar, en cadena nacional, las puertas de la democracia peruana.
