Indultar a Pedro Castillo no sería pacificación. Sería premiar el golpe y decirle al país que romper la democracia puede salir gratis.
Pedro Castillo alguna vez contó la fábula del pollo. Hoy la pregunta ya no es si está vivo o muerto. Es si el país está dispuesto a indultar a quien intentó quebrar la democracia. En el Perú, cada atajo contra la Constitución ha dejado una factura política que alguien terminó pagando.
La historia republicana del Perú tiene una vieja manía. Cada cierto tiempo aparece alguien convencido de que la ley estorba, que la Constitución es una formalidad y que el poder se puede tomar por atajo. Lo hicieron caudillos, militares, dictadores de ocasión y presidentes que confundieron Palacio con propiedad privada. Casi todos terminaron igual. Derrotados, desterrados, presos, fusilados, procesados o devorados por la misma inestabilidad que prometieron resolver.
El historiador Jorge Basadre entendió como pocos la tragedia inicial de la República peruana. El país nació con vocación constitucional, pero creció entre pronunciamientos, cuartelazos y salvadores de turno. Esa vieja enfermedad política no se agotó en el siglo XIX. Salaverry acabó fusilado. Leguía murió preso. Sánchez Cerro fue asesinado. Velasco fue desplazado por Morales Bermúdez en el Tacnazo de 1975. Fujimori, después del autogolpe de 1992, terminó enfrentando condenas y el juicio severo de la historia. En el Perú, el atajo siempre cobra. A veces tarde, pero cobra.
Por eso resulta obsceno que hoy se pretenda vender el indulto a Pedro Castillo como si fuera un gesto de pacificación. Castillo no está preso por una anécdota administrativa ni por un exceso verbal, que algunos llaman ‘proclama’. El 7 de diciembre de 2022 anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y un gobierno de excepción. Eso no fue folklore chotano, ni torpeza comunicacional, ni ‘lectura simbólica’. Fue un intento de romper el orden constitucional desde el poder. La justicia ya lo condenó en primera instancia por conspiración para la rebelión, y su defensa aún enfrenta un escenario penal complejo.
Además, el indulto no es un premio de consuelo electoral ni una moneda de cambio para pagar favores de campaña, mucho menos una carga política para la presidenta electa Keiko Fujimori. Tiene requisitos, límites y una lógica excepcional. El indulto puede extinguir la pena, pero no reescribe la historia, no convierte el golpe en anécdota ni transforma a un expresidente golpista en mártir funcional de una candidatura.
El país ni siquiera debería perder tiempo en esta discusión estéril. Con un fenómeno de El Niño devastador a cuestas, inseguridad desbordada, pobreza extrema, corrupción enquistada y servicios públicos colapsados, debatir cómo liberar a quien intentó quebrar la democracia ya es una concesión absurda al chantaje político. Y aunque alguien quisiera disfrazarlo de acto humanitario o de gracia presidencial, Castillo arrastra otras investigaciones vinculadas a presunta corrupción, lo que vuelve aún más endeble el argumento de una liberación limpia y definitiva.
La propuesta de Roberto Sánchez de indultar a Castillo no fue un desliz. Fue una bandera de campaña, reiterada públicamente, como si la democracia pudiera negociarse en mitin y la Constitución pudiera doblarse al tamaño de una plaza. El mensaje sería devastador. Si un presidente intenta cerrar el Congreso, someter la justicia y quebrar el orden constitucional, pero luego sale por presión política, entonces la lección es clara. Inténtalo. Si pierdes, tus amigos pedirán indulto.
Lo más grotesco es la doble moral. Los mismos que satanizaron, con razón, el golpe de Fujimori en 1992, hoy buscan relativizar el golpe de Castillo en 2022. ¿Cuál es la diferencia de fondo? ¿El apellido? ¿El sombrero? ¿La ideología? ¿El aplauso de cierta izquierda que solo llama dictadura a la que no controla?
Defender la democracia exige coherencia. Si el 5 de abril fue un golpe, el 7 de diciembre también lo fue. Y si uno mereció condena histórica, el otro no puede recibir diploma de víctima.
Indultar a Castillo no sería cerrar una herida. Sería abrir otra. Más profunda, más peligrosa y más cínica. Sería convertir el quebrantamiento constitucional en infracción perdonable. Sería, en buen castellano, premiar el golpe.
