Cuando un gobierno evita el Congreso, no busca estabilidad… quiere sobrevivir.
La política peruana ha normalizado lo inaceptable. Un gobierno que nombra y remueve a su presidenta del Consejo de Ministros en apenas 21 días, justo antes de enfrentar al Congreso, no está administrando una crisis. Está huyendo de ella. La salida abrupta de Denisse Miralles no es solo un episodio más en la inestabilidad crónica del Ejecutivo. Es la evidencia de un poder que desconfía de sí mismo y que, por lo mismo, teme someterse al mínimo examen democrático.
La escena es reveladora por donde se le mire. Una premier que asegura tener los votos para obtener la confianza. Un presidente que, lejos de capitalizar esa oportunidad, la bloquea con un ultimátum. No parece una decisión política estratégica. Parece, más bien, una reacción defensiva frente a algo que no se quiere exponer. Cuando el poder rehúye el control, la pregunta no es si se debilita. La pregunta es qué intenta ocultar.
El argumento de la gobernabilidad queda vacío cuando se lo confronta con los hechos. Si la confianza era alcanzable, ¿por qué impedirla? Si no lo era, ¿por qué no asumir el costo político de perderla? La sustitución de Miralles por Luis Arroyo no resuelve esa contradicción. La profundiza. Cambiar nombres en la cúspide sin explicar razones no ordena el tablero. Lo desordena aún más.
Hay un elemento adicional que no puede ignorarse. Las versiones sobre tensiones políticas vinculadas a posibles investigaciones y decisiones económicas sensibles sugieren que el problema no era solo parlamentario. Era interno. Cuando las decisiones de gobierno se cruzan con intereses políticos o personales, la institucionalidad se convierte en una variable secundaria. Y eso es lo verdaderamente preocupante.
El Congreso, por su parte, tampoco queda al margen de este cuadro. Las posiciones adelantadas, los cálculos de corto plazo y la lógica de bloqueo permanente contribuyen a un clima donde la confianza deja de ser un mecanismo constitucional para convertirse en una moneda de presión. Pero una cosa es un Congreso difícil y otra muy distinta es un Ejecutivo que decide no enfrentarlo.
Lo ocurrido no es un accidente. Es un síntoma. Un gobierno débil no solo se mide por su capacidad de sostener ministros, sino por su disposición a dar la cara cuando corresponde. Evitar el voto de confianza no es una jugada audaz. Es una señal de fragilidad. Y en política, la fragilidad rara vez es neutra. Suele venir acompañada de decisiones opacas, de silencios incómodos y de una progresiva desconexión con la ciudadanía.
Al final, lo más inquietante no es la salida de una premier ni el nombramiento de otro. Es la sensación de que las reglas del juego pueden ser alteradas en función de temores o conveniencias. Cuando eso ocurre, la crisis deja de ser política y se vuelve institucional. Y de esas, el país ya ha tenido demasiadas.
