A menos de un mes de las elecciones del 12 de abril, el sistema electoral peruano enfrenta un problema que no es menor: la creciente percepción de que las reglas del juego no están completamente definidas. Y cuando eso ocurre, el árbitro deja de ser garantía y empieza a ser parte del problema.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Roberto Burneo, ha tenido que pronunciarse recientemente sobre aspectos clave del proceso, como la aplicación de la valla electoral para el nuevo Senado. La discusión no es menor: se trata de definir si el 5% se calcula de manera conjunta o diferenciada en un sistema bicameral que el propio marco legal no terminó de cerrar con precisión.
El problema no es que el JNE interprete la ley. Para eso existe. El problema es cuándo lo hace.
En medio del proceso electoral, con candidaturas en marcha y estrategias ya desplegadas, estas definiciones generan inevitablemente incertidumbre. Y en política, la incertidumbre no es neutral: afecta decisiones, altera expectativas y erosiona confianza.
A esto se suma la emisión de disposiciones adicionales sobre renuncias, licencias y reemplazos, así como un mayor control sobre encuestas. Medidas que, en otro contexto, podrían considerarse ajustes técnicos razonables, pero que en pleno calendario electoral refuerzan una sensación incómoda: las reglas se están terminando de escribir mientras el partido ya se está jugando.
Pero el cuestionamiento más profundo no está solo en lo normativo, sino en lo institucional.
Durante los últimos meses, se han conocido denuncias sobre afiliaciones indebidas y presuntas irregularidades en la inscripción de organizaciones políticas. Asimismo, el escenario electoral incluye candidatos con investigaciones en curso e incluso antecedentes judiciales no necesariamente impeditivos según la ley vigente.
Aquí es donde la expectativa ciudadana se vuelve más exigente. No se trata únicamente de lo que la norma permite, sino de lo que la autoridad electoral debió liderar, advertir o corregir a tiempo.
Y es en ese punto donde la figura del presidente del JNE queda inevitablemente bajo escrutinio.
Roberto Burneo asumió el cargo con el discurso de marcar distancia respecto a gestiones anteriores y fortalecer la transparencia del sistema. Sin embargo, frente a estos episodios, su rol ha sido percibido como distante, más cercano a la reacción que a la conducción.
En términos políticos, la crítica que empieza a instalarse es clara: un presidente que llegó para cambiar las cosas, pero que en los momentos clave ha parecido un convidado de piedra.
Conviene ser justos: muchos de los problemas actuales no nacen en el JNE. Provienen de reformas incompletas, vacíos legales y decisiones del Congreso. Pero precisamente por eso, el rol del árbitro es aún más importante. Cuando la cancha es imperfecta, la autoridad debe ser impecable.
Hoy, más que un problema de legalidad, lo que está en juego es la confianza.
Porque en democracia, no basta con que las elecciones se realicen.
Tienen que realizarse bajo reglas claras, previsibles y percibidas como justas desde el inicio.
Y en ese estándar, el JNE- y su presidente- todavía están en deuda.
